La justicia estadounidense, a través del juez Jorge Peceda, ha emitido una orden de deportación contra el exministro Arturo Murillo. Esta determinación judicial se hizo pública tras un período de casi cinco semanas desde su emisión. Persiste la incertidumbre sobre el destino final de Murillo, ya que no se ha confirmado si será repatriado a Bolivia, su nación de origen, o enviado a un tercer país, opción que él mismo solicitó argumentando riesgos para su seguridad personal en territorio boliviano.
Desde la perspectiva del Estado boliviano, se ha subrayado que la deportación es una prerrogativa exclusiva del gobierno estadounidense. Las instituciones bolivianas han brindado plena colaboración en el proceso, suministrando la documentación pertinente que detalla los múltiples procesos judiciales que enfrenta el exfuncionario, incluyendo más de ocho causas, de las cuales dos ya cuentan con sentencias condenatorias.
Expertos legales familiarizados con este tipo de procedimientos han explicado que los trámites de deportación o asilo se manejan bajo estricta reserva. Esta práctica es común en las instancias judiciales, que restringen el acceso del público a las audiencias donde se toman decisiones cruciales.
El gobierno boliviano había presentado una solicitud formal de deportación, adjuntando pruebas que evidencian los delitos presuntamente cometidos por Murillo en el país. Dicha evidencia fue sometida a la evaluación del juez Peceda antes de que emitiera su fallo.
El exministro fue detenido en Miami en mayo de 2021 y posteriormente sentenciado a cinco años de prisión por cargos de lavado de dinero. No obstante, gracias a los mecanismos penitenciarios del sistema judicial estadounidense, obtuvo su libertad en junio de este año, en un período en que el gobierno boliviano continuaba gestionando su extradición. Su comparecencia ante el juez Jorge Peceda tuvo lugar el 29 de julio.
Se ha señalado que, en situaciones donde un individuo a ser deportado logra demostrar que su integridad física corre riesgo en su país natal, existe la posibilidad de que sea trasladado a una tercera nación, lo cual implicaría negociaciones con el país receptor. Hasta el presente, el destino final de Murillo, ya sea Bolivia u otra nación, permanece sin confirmación oficial
