La expresidenta Jeanine Áñez ha reiterado su postura respecto a la condena impuesta en su contra, calificándola de injusta y basada en un delito inexistente dentro del ordenamiento jurídico boliviano. Asimismo, ha denunciado que el procedimiento estuvo plagado de irregularidades.
Según su versión, el proceso habría sido orquestado por las carteras de Justicia y Gobierno. Esta situación, afirma, se remonta a su detención inicial, la cual describe como una privación de libertad sin las debidas notificaciones fiscales o judiciales, y fundamentada en una denuncia que considera falsa, presentada por la exdiputada Lidia Patty.
La exmandataria, quien comparte con otros protagonistas de la crisis política de 2019 la situación de enfrentar múltiples litigios, ya ha sido sentenciada a una pena de diez años de prisión en el marco del caso conocido como Golpe II. Actualmente, su equipo legal trabaja en la anulación de esta sentencia, habiendo interpuesto un recurso de revisión extraordinaria.
Áñez ha manifestado que fue inicialmente imputada en el caso que ella denomina ‘Patraña 1’ (referente al caso Golpe I), para luego ver cómo este proceso se desdoblaba, dando origen a lo que llama ‘Patraña 2’ (el caso Golpe II), con el propósito, según sus palabras, de establecer una nueva acusación.
En sus declaraciones, la expresidenta denuncia la vulneración de sus derechos, atribuyendo esta acción a motivaciones políticas. Sostiene que fue utilizada como un trofeo de guerra y que su condena en un juicio exprés –que compara con prácticas inquisitoriales– era un objetivo ineludible. Finalmente, Áñez expresa su anhelo de justicia, no solo para sí misma, sino con la esperanza de que ningún otro ciudadano boliviano deba enfrentar circunstancias similares en el futuro
