La discusión en torno a una posible nueva suspensión en el pago de créditos ha vuelto a cobrar relevancia en el ámbito legislativo. El diputado Edwin Rosas, representante de Tarija, ha instado a la Asamblea Legislativa Plurinacional a priorizar el análisis del Proyecto de Ley Nº 547/2024-2025. Esta iniciativa propone un diferimiento automático de seis meses en el abono de cuotas de capital e intereses. Sin embargo, la propuesta ha encontrado una fuerte resistencia por parte de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), que advierte sobre potenciales desequilibrios para la estabilidad del sistema financiero.
Rosas argumentó que esta medida no obedece a intereses políticos, sino que responde a una necesidad imperante de la ciudadanía, que atraviesa un periodo de dificultades económicas. Subrayó la importancia de que leyes de esta índole reciban un tratamiento prioritario para ofrecer un desahogo financiero a las personas con obligaciones bancarias.
El legislador detalló que el diferimiento planteado no implicaría la acumulación de capital ni de intereses, lo que se traduciría en un alivio tangible para los deudores. Adicionalmente, la ley buscaría paralizar órdenes de remate y demolición de bienes vinculadas a procesos crediticios. Rosas alertó que, de postergarse el debate hasta la conformación de nuevas autoridades, la efectividad de la medida se vería comprometida, dado que los legisladores entrantes podrían tardar varios meses en normalizar sus funciones, tiempo durante el cual miles de familias continuarían bajo la presión de sus compromisos bancarios.
La postura del diputado contrasta directamente con la de Asoban. La asociación bancaria considera que una nueva dilación en los pagos pondría en riesgo la sostenibilidad del sector financiero. En un comunicado, el gremio sostuvo que esta normativa, lejos de resolver los problemas de la población, forzaría una restricción en la oferta de crédito.
Los banqueros explican que los recursos provenientes de las cuotas de préstamos no constituyen únicamente ganancias para las entidades financieras, sino que son fundamentales para mantener la cadena de pagos: facilitan nuevos créditos a productores, financiamiento a empresas y aseguran la liquidez general del sistema. Si estos ingresos se interrumpen, afirman, los bancos se verán obligados a limitar la colocación de nuevos préstamos, afectando de manera particular a los pequeños y medianos emprendedores.
Este debate no es inédito. Durante la pandemia de COVID-19, el gobierno implementó medidas de diferimiento similares que, si bien brindaron un alivio temporal, generaron repercusiones en la cartera bancaria y desencadenaron fricciones entre los prestatarios y el sistema financiero.
El proyecto de ley, remitido por el presidente Luis Arce en junio, ya ha sido incluido en la agenda de la Cámara de Diputados, aunque su discusión fue pospuesta para esta semana. Su eventual aprobación podría beneficiar a sectores vulnerables, pero también podría provocar un choque significativo con la banca privada y abrir un nuevo frente de conflicto para el gobierno
