El proyecto de Educación Vial denominado “Zonas Seguras”, que integra el sistema de fotomultas, ha sido ratificado en su vigencia tras una resolución judicial. Esta decisión se produce luego de que un ciudadano interpusiera una acción de amparo constitucional contra la iniciativa, implementada por la Alcaldía de Tarija en colaboración con la empresa Smart Solutions.
La Sala Constitucional de Tarija llevó a cabo una audiencia donde participaron representantes del Gobierno Municipal y de la entidad ejecutora. En dicha sesión, se determinó desestimar la solicitud de anulación del contrato, presentada por el demandante bajo el argumento de una supuesta vulneración de derechos fundamentales. La resolución judicial, por tanto, favoreció a la empresa, confirmando que sus operaciones se enmarcan dentro de la normativa legal vigente.
La petición inicial del ciudadano buscaba el cese de la aplicación de las fotomultas. Adicionalmente, durante el proceso, el Gobierno Municipal había solicitado una pausa en la emisión de notificaciones. Sin embargo, ambas solicitudes fueron rechazadas por la autoridad judicial. Esto implica que todas las actividades que Smart Solutions está llevando a cabo actualmente, incluyendo la notificación de infracciones y el cobro de multas, son plenamente conformes con el ordenamiento jurídico. Las acciones de la empresa se fundamentan en un contrato suscrito con la Alcaldía, lo que refuerza su legalidad.
A pesar de la confirmación judicial de la legalidad del proyecto, y con el fin de mitigar la controversia generada en algunos sectores, la empresa ejecutora de las fotomultas y el Gobierno Municipal han iniciado un proceso de revisión contractual. El objetivo principal de estas mesas de trabajo es modificar el acuerdo para ajustar a la baja los montos de las sanciones. Se ha informado que se han alcanzado algunos consensos y que se está trabajando en la formalización legal de estas modificaciones. Se espera que el alcalde municipal apruebe el nuevo contrato, y una vez finalizado, el acuerdo será socializado con el sector del transporte para garantizar la transparencia y el conocimiento público de los cambios
