En Yacuiba, la reciente inauguración del Mercado Petrolero, también conocido como Mercado Campesino, el pasado 30 de agosto por el presidente Luis Arce, marcó la culminación de una inversión superior a los 70 millones de bolivianos destinada a establecer el principal centro de abasto de la ciudad. No obstante, a pocas semanas de su entrega formal, la infraestructura aún no ha iniciado operaciones y ya se encuentra en el centro de una considerable controversia respecto a la distribución de sus 650 puestos comerciales.
La discordia principal gira en torno a la asignación de estas 650 casetas. Diversas organizaciones barriales de Yacuiba han manifestado públicamente su preocupación, exigiendo transparencia y equidad en el proceso. La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) ha reportado un elevado número de solicitudes de residentes que buscan acceder a un espacio de venta como medio para afrontar la actual situación económica, motivo por el cual ha solicitado la reserva de 200 puestos para distintos barrios de la urbe.
A esta petición se suma la de los habitantes del barrio Petrolero, quienes demandan 50 espacios exclusivos para su comunidad. Su argumento se fundamenta en la donación original del terreno por parte de los jubilados petroleros, lo que, a su juicio, debería traducirse en un beneficio directo para los residentes locales. Adicionalmente, instan a que, una vez que el mercado comience a funcionar, se despejen las vías adyacentes, actualmente ocupadas por vendedores informales.
Desde la administración municipal, el alcalde Carlos Brú ha delineado los criterios prioritarios para la distribución de los espacios. El primer grupo beneficiado, según sus declaraciones, serían los comerciantes que operaban en el antiguo Mercado Campesino antes de que fuera devastado por un incendio. En una segunda instancia, se considerarían a aquellos que ejercían el comercio ambulante en las calles circundantes.
No obstante, esta propuesta no ha logrado la aceptación unánime. Sectores de la población han advertido que la aplicación de tales criterios podría dejar a numerosas familias sin la oportunidad de obtener un sustento dentro de la nueva infraestructura. Incluso se han expresado sospechas de posibles favoritismos en el proceso de asignación. En este contexto, han surgido denuncias que señalan que una parte considerable de los antiguos locatarios, estimados en aproximadamente 193, no harían uso personal de sus puestos, sino que los subarrendarían a terceros. Asimismo, se han divulgado listas que evidenciarían la concentración de múltiples espacios en manos de clanes familiares.
El burgomaestre, por su parte, ha respondido a las críticas cuestionando la decisión del Gobierno nacional de entregar la obra a pesar de que, a su juicio, aún presenta deficiencias. Además, ha atribuido un trasfondo político a los recientes reclamos, sugiriendo que provienen de individuos interesados en apropiarse de espacios que legítimamente no les corresponden. El alcalde ha reiterado firmemente que se dará prioridad a los antiguos ocupantes del mercado incendiado y a los vendedores ambulantes de la zona, y ha subrayado que no se permitirá la mercantilización del patrimonio estatal
