Tras dos décadas de hegemonía, la principal fuerza política del país se enfrenta a un escenario de representación mínima o nula en la Asamblea Legislativa Plurinacional, un revés significativo que ha impulsado una profunda reestructuración interna. Las organizaciones sociales que integran el Pacto de Unidad dentro de esta formación han determinado la necesidad de reorganizar el partido con miras a las elecciones subnacionales de 2026, luego de experimentar uno de los resultados más desfavorables de su trayectoria.
En los comicios generales del 17 de agosto de 2025, el candidato presidencial de la agrupación obtuvo apenas 169.887 votos, lo que representó un 3,17% de los sufragios válidos. Este porcentaje, si bien escaso, fue suficiente para que la entidad política conservara su personería jurídica por un estrecho margen de 0,17%, equivalente a aproximadamente nueve mil votos.
La vicepresidenta de la organización, Julia Ramos, ha detallado que, una vez concluido el balotaje programado para el 19 de octubre, las bases sociales reactivarán ampliados y congresos en los nueve departamentos. El propósito central de estas reuniones es lograr la unificación partidaria y reorientar su labor hacia las próximas elecciones subnacionales. El objetivo primordial será evitar la pérdida adicional de gobernaciones, alcaldías y escaños en asambleas departamentales y concejos municipales, una tendencia que se manifestó en el reciente proceso electoral.
Ramos reconoció que la organización atraviesa un periodo de debilidad, atribuible a múltiples factores internos. Entre ellos, se destacan las divergencias políticas entre sus componentes, las disputas por el liderazgo y una percepción pública negativa sobre la gestión de ciertas carteras ministeriales durante la administración del presidente Luis Arce Catacora. A esto se suma una fragmentación interna que ha afectado a sus tradicionales pilares de apoyo, como las bases campesinas, indígenas y sectores urbanos. A pesar de la pérdida del gobierno después de veinte años, se proyecta que la organización recuperará su fuerza en los comicios generales de 2030.
En la región de Tarija, el movimiento campesino también ha iniciado un proceso de reorganización. Según el dirigente Aldo Velásquez, una de las prioridades es revitalizar la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), buscando restaurar su rol orgánico y sindical en la defensa de las familias rurales. Asimismo, se anticipa un esfuerzo por mantener la presencia del partido en las instituciones públicas del Estado, garantizando espacios de representación política en la zona.
Por su parte, el mandatario saliente, Luis Arce Catacora, afirmó que su partido sigue siendo la principal fuerza política del país, a pesar de los resultados adversos. Subrayó que la ciudadanía boliviana valorará en los próximos años los avances de su gestión y que, durante el Proceso de Cambio, iniciado en 2006, se logró una mejora sin precedentes en la calidad de vida de la población. Arce también ratificó que el 8 de noviembre entregará el gobierno a cualquiera de los binomios que compitan en el balotaje del 19 de octubre, aunque insistió en que el proyecto político no ha sido derrotado, sino que atraviesa una fase de reconfiguración.
Con estas perspectivas, la formación política inicia una nueva etapa en su trayectoria, marcada por la interrupción de dos décadas en el poder, pero también por el imperativo de reconstruir su cohesión interna y reconquistar la confianza tanto de sus bases sociales como del electorado nacional
