La investigación en torno al lamentable suceso ocurrido en el colegio Juan Misael Saracho, que cobró la vida de una joven de 18 años la noche del 21 de septiembre, continúa revelando nuevos elementos. Entre los hallazgos más recientes, se ha conocido que el propio alcalde de Oruro, Adhemar Wilcarani, habría intervenido directamente para supuestamente autorizar la celebración de la fiesta, atendiendo a la solicitud de una concejal municipal.
Estos datos ya forman parte del expediente de investigación que maneja el Ministerio Público en Oruro, donde se indaga la posible comisión de cuatro delitos: homicidio culposo, lesiones culposas, uso indebido de bienes del Estado e influencias. La calificación de estos ilícitos se fundamenta en el hecho de que el festival del colegio Saracho se llevó a cabo en instalaciones de propiedad estatal, al tratarse de una unidad educativa pública. La hipótesis sobre el uso indebido de influencias sugiere que altas autoridades del Concejo Municipal y de la Alcaldía habrían eludido los procedimientos legales y regulares para conceder el permiso para el evento.
Una declaración informativa de un funcionario municipal, José Luis M. L., detalla que una concejal de nombre Nieves Anave fue vista vendiendo entradas para el concierto, evento relacionado con la institución educativa a la que asisten sus hijos. En este contexto, la concejal se dirigió al funcionario municipal, José Luis M. L., solicitándole que agilizara la autorización para la actividad.
El funcionario respondió que no estaba facultado para emitir tal permiso, ya que únicamente podía ejecutar instrucciones de la Máxima Autoridad Ejecutiva, es decir, el burgomaestre de Oruro, Adhemar Wilcarani. Ante la negativa, la concejal se dirigió al despacho del alcalde. Minutos después, el propio burgomaestre se comunicó telefónicamente con el funcionario, instruyéndole que agilizara el trámite.
Tras el trágico desenlace, altos funcionarios municipales comparecieron públicamente para deslindar cualquier responsabilidad, afirmando que no habían autorizado ningún evento de esa índole. Posteriormente, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro presentó una denuncia contra el funcionario José Luis M. L., señalándolo como el único responsable.
A raíz de la revelación de estos hechos y otros detalles, el Ministerio Público en Oruro ha decidido ampliar la investigación. Ahora se incluyen a padres de familia que impulsaron la actividad, profesores que colaboraron en su organización y otros funcionarios municipales. La Fiscalía considera estos tres ejes fundamentales para esclarecer la cadena de eventos que desembocó en la tragedia del 21 de septiembre, donde Iris Alejandra, una joven de 18 años ajena al colegio Saracho, perdió la vida en sus instalaciones, aplastada por la multitud.
El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, ha confirmado que más de una decena de personas, entre docentes y padres de familia, han sido citadas para prestar declaración. Asimismo, se investiga a funcionarios de la Alcaldía municipal que presuntamente emitieron una orden irregular para la realización de la fiesta. Morales adelantó que, si la investigación arroja nuevas evidencias, se procederá con más aprehensiones e imputaciones, con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar a los responsables y solicitar las sanciones judiciales correspondientes.
El fiscal enfatizó que la Fiscalía se compromete a llegar a la verdad material de este trágico suceso. Mientras tanto, las dos primeras personas investigadas y procesadas por la tragedia en la unidad educativa, un cantante de cumbia y la directora del colegio Saracho, han sido beneficiadas con medidas sustitutivas. Estas incluyen una fianza de 5.000 bolivianos, la obligación de presentarse cada quince días ante la Fiscalía, permiso para trabajar y la prohibición de salir del país. La autoridad del Ministerio Público subrayó que las investigaciones en este caso apenas están comenzando
