La representación fiscal ha elevado una impugnación contra la decisión judicial que concedió arresto domiciliario al exviceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres. La solicitud principal de la parte acusadora es que se revoque esta medida y se disponga la detención preventiva del exfuncionario en un centro penitenciario de Cochabamba, argumentando la seriedad de los cargos y el riesgo procesal que implica su permanencia en libertad.
La institución fiscal ha comunicado que esta acción legal se fundamenta en el artículo 251 del Código de Procedimiento Penal. La apelación surge después de que un juez de Instrucción Penal en Ivirgarzama rechazara la petición de la Fiscalía de aplicar un procedimiento inmediato y, en su lugar, optara por medidas sustitutivas a la prisión. La autoridad judicial había establecido reclusión en el domicilio con horarios específicos y la obligación de presentarse periódicamente para firmar en la sede del Ministerio Público. La Fiscalía General ha manifestado su desacuerdo con esta determinación, expresando confianza en que la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba valorará adecuadamente sus argumentos.
Felipe Cáceres, de 63 años, fue detenido el pasado 23 de septiembre en el sindicato cocalero Esmeralda, ubicado en el municipio de Puerto Villarroel. Su aprehensión se produjo como resultado de un operativo ejecutado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).
La intervención policial permitió el hallazgo de un laboratorio de cristalización de cocaína, cuya capacidad de producción se estimaba entre 150 y 160 kilogramos diarios de cocaína de alta pureza. De acuerdo con informes oficiales, esta instalación, valorada en aproximadamente 40.000 dólares estadounidenses, fue desmantelada e incinerada por orden judicial. Adicionalmente, se incautó un terreno registrado a nombre del exviceministro, con un valor estimado de 50.000 dólares, lo que eleva el impacto económico total al narcotráfico a cerca de 90.000 dólares.
El laboratorio estaba equipado con una considerable cantidad de precursores químicos, incluyendo 2.000 litros de acetato, 200 litros de gasolina, 50 kilogramos de bisulfito y 50 kilogramos de carbón activado. Contaba, además, con la infraestructura necesaria para la operación de al menos diez personas.
El exviceministro Cáceres fue una figura central en la política antidrogas durante la administración del expresidente Evo Morales, ejerciendo su cargo entre 2006 y 2019. Su detención ha provocado una considerable repercusión en los ámbitos político y social, dado que durante más de una década fue considerado el principal referente del país en la lucha contra el narcotráfico.
A unos 500 metros del laboratorio desmantelado, la Felcn también identificó una empresa de áridos que estaría vinculada al exfuncionario. Cáceres ha admitido ser el propietario tanto del terreno como de su vivienda, pero ha negado cualquier implicación directa en la producción de cocaína.
Desde el ámbito gubernamental se ha enfatizado que el proceso carece de cualquier sesgo político, instando a la ciudadanía a aguardar los resultados de las investigaciones judiciales. Se ha señalado que no es el momento para especulaciones o acusaciones infundadas, y que la investigación debe avanzar para que la justicia determine las responsabilidades correspondientes.
La Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba deberá pronunciarse en los próximos días sobre la apelación presentada por la Fiscalía, que busca anular el arresto domiciliario y ordenar el ingreso del exviceministro a prisión preventiva mientras se sustancia la investigación
