La comunidad de pacientes con afecciones renales ha elevado su voz de profunda preocupación, instando a las autoridades gubernamentales a saldar los compromisos financieros pendientes con las instituciones hospitalarias. Esta demanda es crucial para asegurar la continuidad de los tratamientos de hemodiálisis, procedimientos vitales para la supervivencia de estos individuos. Se ha señalado que los retrasos en los desembolsos superan los seis meses, una situación que pone en riesgo directo la atención médica de más de 2.000 pacientes.
La urgencia de la situación ha sido articulada por pacientes en Santa Cruz, quienes enfatizan que la hemodiálisis no es meramente un procedimiento médico, sino una condición indispensable para mantener su vida y su vínculo familiar. Subrayan que la interrupción de estas sesiones representa una amenaza inminente a su existencia.
En un desarrollo paralelo, una audiencia de acción constitucional se inició la tarde del martes a las 13:30 horas en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, y sus deliberaciones continúan en curso. Esta acción legal fue presentada por representantes de la sociedad civil de la ciudad contra el presidente del país, Luis Arce, y los titulares de las carteras de Economía y Salud.
Por otro lado, las autoridades sanitarias nacionales han desmentido categóricamente las acusaciones sobre una supuesta interrupción en la atención a pacientes renales en las ciudades de La Paz y Santa Cruz. Han asegurado que, a nivel nacional, aproximadamente 40.000 personas acceden de forma gratuita y universal a estos servicios de salud, y que se cuenta con los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos asociados. Desde la dirección general de servicios de salud, se ha comunicado que la institución dispone del presupuesto requerido y está llevando a cabo las gestiones administrativas pertinentes en diversas instancias para asegurar los pagos y, con ello, garantizar la atención ininterrumpida de los pacientes renales
