El proceso legislativo para la selección de los futuros vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se encuentra estancado en la Cámara de Diputados, a pesar de haber recibido la aprobación del Senado hace aproximadamente un mes. Esta situación genera preocupación, dado que el mandato constitucional de los actuales vocales del TSE concluye el 18 de diciembre del presente año, y un día después, también finaliza la gestión de los vocales de los tribunales electorales departamentales (TED).
En la Cámara Baja, las opiniones sobre la urgencia y la idoneidad del proyecto de ley están divididas. Un sector de legisladores, afín a la corriente oficialista, aboga por un tratamiento expedito de la propuesta. Sin embargo, una facción de la oposición ha expresado su rechazo a la iniciativa, argumentando que el texto aprobado en el Senado presenta deficiencias significativas.
Entre los críticos más prominentes se encuentra el diputado Carlos Alarcón, quien ha señalado que la normativa fue aprobada en la Cámara Alta sin alcanzar la mayoría de dos tercios, un requisito que, según una sentencia constitucional y la propia Constitución Política del Estado, es indispensable para la designación de altas autoridades estatales. El legislador sostiene que las leyes que regulan estos procesos de selección también deberían someterse a la misma exigencia de dos tercios. Por esta razón, Alarcón ha solicitado formalmente a la directiva de la Cámara de Diputados que el proyecto sea devuelto al Senado, insistiendo en la invalidez de su aprobación por mayoría absoluta el 26 de agosto.
Además de las objeciones procedimentales, se han planteado críticas sustantivas sobre el carácter restrictivo de la ley. Un ejemplo de ello se encuentra en el inciso b del artículo 23, que establece como requisito específico para los aspirantes a vocal la posesión de experiencia profesional en temas electorales o constitucionales, limitando la elegibilidad a perfiles como abogados o, potencialmente, informáticos. Alarcón ha manifestado que la metodología propuesta por el Senado no garantiza la selección de los perfiles más idóneos para ocupar estos importantes cargos electorales.
A pesar de las controversias, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Olivia Guachalla, ha avanzado en el tratamiento del tema. La semana pasada, dicha instancia aprobó el reglamento de este proyecto de ley, considerándolo una prioridad para la Asamblea Legislativa antes de la conclusión de su mandato, prevista para el 7 de noviembre. Guachalla ha enfatizado que esta ley no solo regirá la elección de los vocales del TSE, sino que también sentará las bases para la selección de los vocales electorales departamentales en todo el país.
Paralelamente, parlamentarios electos de las principales bancadas entrantes han expresado una postura diferente. Tanto representantes del Partido Demócrata Cristiano (PDC) como de la alianza Libre han coincidido en que la designación de los nuevos vocales del TSE debería ser una responsabilidad asumida por la próxima Asamblea Legislativa. De hecho, la bancada del PDC solicitó en septiembre a los legisladores salientes que congelaran el tratamiento de este proyecto, anunciando su intención de trabajar en una propuesta propia. El diputado Guillermo Mendoza, de la alianza Libre, ha respaldado esta posición, argumentando que es menos dañino para la democracia que la tarea recaiga en los nuevos asambleístas, en lugar de aquellos que están finalizando su gestión, especialmente considerando que la bancada mayoritaria saliente ha participado en la elección de los últimos tres cuerpos colegiados del TSE a lo largo de dos décadas en el poder.
Desde el Tribunal Supremo Electoral, los actuales vocales observan atentamente el desarrollo de este proyecto de ley. Han asegurado públicamente que, independientemente del avance legislativo, cumplirán con su compromiso de concluir su gestión de seis años y dejarán sus cargos el 19 de diciembre, rechazando cualquier posibilidad de prórroga en sus funciones
