La exmagistrada del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Claudia Castro, ha sido beneficiada con la medida de arresto domiciliario en el marco del expediente conocido como Consorcio. Esta determinación, que se adoptó en una audiencia de cesación a la detención preventiva el pasado 26 de septiembre, se fundamentó exclusivamente en el delicado estado de salud de la imputada.
Las condiciones impuestas para el arresto domiciliario incluyen la prohibición de realizar actividades laborales fuera de su residencia y la obligación de contar con vigilancia policial. Adicionalmente, se le ha requerido registrar su asistencia biométrica ante la Fiscalía cada dos días, se ha dictado arraigo nacional y se ha fijado una fianza económica de 50.000 bolivianos. Asimismo, se le ha prohibido acercarse a los lugares relacionados con la investigación y mantener comunicación con otros implicados en el proceso.
La investigación del caso Consorcio se inició en junio y se centra en la presunta orquestación de una manipulación dentro del sistema judicial. El objetivo de estas maniobras habría sido la remoción de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, para facilitar que su suplente, Iván Campero, asumiera su puesto.
Desde el inicio de la pesquisa en junio, Castro había estado bajo detención preventiva por un periodo de cuatro meses en el penal de Obrajes, en La Paz. Sin embargo, debido a complicaciones de salud, fue trasladada a un centro hospitalario antes de que su defensa informara sobre su posterior retorno al recinto penitenciario
