El sistema judicial en Cobija, Pando, ha dictado una sentencia de tres años de prisión para una mujer de 26 años, hallada culpable del delito de estupro. La condena se deriva de su convivencia y relación íntima con un adolescente de 17 años en la ciudad. Sin embargo, la resolución judicial incluye el beneficio de la suspensión condicional de la pena, lo que implica que la mujer no ingresará a prisión, siempre y cuando cumpla con un conjunto de reglas de conducta supervisadas durante un año.
La situación salió a la luz pública un domingo, cuando la pareja fue trasladada a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) a raíz de una denuncia por violencia familiar. En el curso de esta intervención, las autoridades descubrieron que el joven involucrado era menor de edad y que compartía domicilio con la mujer en el barrio García Linera.
La persona que inicialmente se presentó como presunta víctima de violencia familiar, finalmente fue imputada como agresora por el delito de estupro, una vez que se confirmó su relación con el menor. La mujer aceptó su responsabilidad a través de un procedimiento abreviado. La pena de tres años fue establecida por el juez cautelar N.º 1, quien también impuso la supervisión de un año de reglas de conducta. La concesión de la suspensión condicional de la pena se fundamentó en la ausencia de antecedentes penales de la condenada. Se ha advertido que, de incumplir las condiciones establecidas, la suspensión será revocada y deberá cumplir la totalidad de la pena privativa de libertad.
Paralelamente, el proceso por violencia familiar contra el adolescente de 17 años sigue en fase de investigación. No obstante, un juez de menores ya ha ordenado su detención preventiva, y el joven ha sido remitido al Centro de Reintegración Villa Rojas.
La legislación boliviana es explícita al tipificar como delito las relaciones sexuales entre una persona mayor de edad y otra menor de 18 años, incluso si existe consentimiento. Esta normativa busca evitar la normalización de tales vínculos, reforzando la postura clara y sancionadora de la ley ante estas conductas.
El caso ha generado un considerable debate en Cobija, no solo por la dualidad de las investigaciones —con la mujer procesada por estupro y el menor enfrentando un proceso por violencia familiar— sino también por las interrogantes surgidas en redes sociales respecto a la percepción de una pena leve para la mujer de 26 años por el delito de estupro
