Una misión de supervisión fue llevada a cabo recientemente en el municipio de Caraparí, con el objetivo de examinar la adquisición de maquinaria agrícola financiada mediante una línea de crédito previamente obtenida. Esta iniciativa surgió a raíz de inquietudes expresadas por diversas organizaciones sociales y potenciales beneficiarios en relación con el proceso de compra.
El crédito, que asciende a 32 millones de bolivianos y proviene del Banco Unión, fue gestionado por el Ejecutivo Seccional de Desarrollo hace dos años, con la finalidad específica de adquirir equipos para el sector agrícola, incluyendo tractores. No obstante, su aprobación final se demoró hasta hace poco, tras un exhaustivo proceso de revisión destinado a subsanar varias observaciones iniciales. La reciente inspección no formaba parte de un programa regular, sino que fue motivada por denuncias y solicitudes específicas de la comunidad y de quienes esperaban beneficiarse de la maquinaria.
El plan de adquisición original contemplaba dieciocho ítems distintos, entre los que figuraban tractores, cosechadoras, sembradoras, volquetas y otra maquinaria. Sin embargo, los informes preliminares indican que solo quince de estos ítems fueron finalmente suministrados por la empresa Saci. Una preocupación significativa destacada durante la fiscalización fue la compra de ciertos implementos de forma independiente, sin la correspondiente maquinaria principal. Esta discrepancia ha generado suspicacias entre los beneficiarios, dando lugar a alegaciones de un posible sobreprecio en la compra global, un aspecto que será objeto de una investigación exhaustiva.
Durante la inspección, se solicitó a los funcionarios del Gobierno Regional Seccional Caraparí que presentaran el acta de la reunión de socialización que debía haberse realizado con las organizaciones solicitantes. Sin embargo, se informó que este documento crucial no había sido llevado al lugar el día de la revisión. Adicionalmente, se constató que se realizaron ciertas adquisiciones que se desviaban de la lista original de los dieciocho ítems aprobados. Según los procedimientos establecidos, cualquier modificación a la lista de compra autorizada, que sirvió de base para el crédito de 32 millones de bolivianos, requeriría una nueva presentación formal a la Asamblea Regional para una enmienda legislativa. Este paso procedimental fue, al parecer, omitido, tomándose decisiones de adquirir elementos no autorizados inicialmente, contraviniendo la normativa vigente.
El informe completo sobre estos hallazgos aún se encuentra en fase de elaboración, dada la amplitud de la investigación, y se anticipa que estará finalizado y será presentado el próximo lunes
