La administración entrante, que asumirá las riendas del país en poco más de un mes, se enfrentará a un panorama internacional donde la diplomacia tradicional cede terreno a una presión de índole geoeconómica. Esta nueva realidad se manifiesta a través de medidas como el arancel del 15% recientemente aplicado por Estados Unidos. El verdadero desafío para el próximo gobierno radicará en redefinir la posición del país en la economía global, buscando un equilibrio entre los imperativos económicos, la construcción de alianzas estratégicas y la ineludible defensa de la soberanía nacional.
Un análisis reciente subraya que la nación se encuentra particularmente susceptible a los efectos de acciones geoeconómicas. Esta vulnerabilidad se atribuye a su fuerte dependencia de las exportaciones de materias primas, una limitada diversificación de mercados y ciertas restricciones diplomáticas que merman la capacidad de respuesta del país ante escenarios adversos.
La fragilidad del país ante estas dinámicas se hizo patente con la política arancelaria de Estados Unidos implementada en 2025. Inicialmente, en abril, se impuso un arancel del 10% sobre un grupo selecto de exportaciones consideradas estratégicas, porcentaje que fue elevado al 15% en agosto del mismo año.
La geoeconomía, entendida como la aplicación de herramientas económicas para alcanzar objetivos políticos, ha revelado una mayor sensibilidad en productos no tradicionales. Entre ellos, la castaña (o nuez de Brasil) y la quinua han mostrado una particular susceptibilidad al gravamen estadounidense. Los productos bolivianos más impactados por esta política arancelaria incluyen el estaño, la castaña, la quinua, el antimonio y el wólfram. Estos cinco rubros concentran aproximadamente el 72% del total de las exportaciones nacionales hacia Estados Unidos, lo que evidencia una escasa diversificación en la oferta exportable.
En 2024, Estados Unidos se consolidó como el duodécimo socio comercial del país, con exportaciones que rondaron los 271.5 millones de dólares. Si bien el volumen total de las exportaciones a Estados Unidos representa apenas el 3.04% del total nacional, el impacto social puede ser considerablemente profundo y regresivo en sectores específicos. Productos como la castaña o la quinua, que dependen en gran medida de pequeños productores y comunidades rurales, podrían sufrir consecuencias severas si no se implementan redes de protección o mecanismos de ajuste adecuados.
Más allá de las implicaciones meramente económicas, el arancel impuesto a las exportaciones nacionales parece trascender lo comercial, funcionando también como un mensaje geopolítico para la región latinoamericana. Esta medida, según observadores, señala la postura de los países vecinos en el contexto regional.
Desde la perspectiva del derecho internacional, la legalidad de esta medida ha sido cuestionada, ya que contradice principios fundamentales de la Organización Mundial del Comercio, como la igualdad de trato y la transparencia en las políticas comerciales. Se ha señalado que Estados Unidos ha recurrido cada vez más a acciones unilaterales bajo el argumento de la seguridad nacional, un concepto que resulta complejo de impugnar en foros multilaterales, limitando así las posibles respuestas internacionales.
La decisión de Estados Unidos de elevar el arancel al 15% ha sido calificada como lamentable. Algunos analistas sugieren que esta determinación responde a motivos políticos vinculados a la postura ideológica del gobierno boliviano y sus predecesores. Se argumenta que, bajo la lógica estadounidense, los aranceles más elevados deberían aplicarse a países con superávit comercial, es decir, que venden más de lo que compran. Sin embargo, el país mantiene un déficit comercial con Estados Unidos, lo que dificulta encontrar una justificación económica clara para este incremento.
Otros países que también han sido objeto de un arancel del 15% incluyen a Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Israel, Japón y Corea del Sur. No obstante, la manifestación más contundente de esta política geoeconómica se observa en el recargo adicional del 40% aplicado a Brasil, que se suma al 10% previamente establecido, una medida que se interpreta como una represalia por el proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro.
De cara al futuro, se anticipa que será complejo para el nuevo gobierno revertir el arancel impuesto por Estados Unidos. El primer paso crucial, según expertos, será el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, una tarea que exigirá prudencia y una estrategia bien definida. Se advierte que el margen de maniobra para renegociar estos aranceles será limitado, dado que las relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos se estructuran a largo plazo, y la postura de Washington no suele modificarse de inmediato con un cambio de administración, especialmente después de un período de gobiernos con posturas críticas.
En esta línea, se enfatiza que una prioridad para la próxima gestión debe ser la reestructuración de la diplomacia nacional, mediante el diseño de una política exterior que trascienda la coyuntura de cada gobierno. Esta nueva orientación debería integrar estratégicamente los aspectos comerciales y fortalecer la presencia del país en todos los organismos multilaterales, tanto políticos como económicos. Se subraya la importancia de mantener relaciones bilaterales amplias y productivas incluso con naciones con diferencias culturales, como India o China, que son estratégicas para los intereses comerciales.
En un contexto de reservas internacionales en declive, un déficit fiscal creciente y una inflación que supera el 18%, el nuevo gobierno se verá en la encrucijada de definir si mantiene una política exterior reactiva o si apuesta por una estrategia más autónoma, capaz de mitigar la fragilidad que actualmente expone al país a los choques externos.
Para ello, se recomienda la adopción de una estrategia integral que combine una efectiva diversificación de mercados y productos, con un énfasis en la agregación de valor a los minerales y agroalimentos. Esta iniciativa debería ir acompañada de una diplomacia económica proactiva que impulse negociaciones con bloques como la Unión Europea, la ASEAN y África, además de una inversión sostenida en certificación e infraestructura logística
