La gestión legislativa actual ha marcado hitos significativos con la aprobación de normativas de carácter estructural. Entre ellas, destaca la Ley 503, considerada fundamental para garantizar la sostenibilidad financiera del Gobierno Departamental, dotándolo de la viabilidad económica necesaria para su funcionamiento.
Un punto de debate recurrente ha girado en torno a la posible abrogación de aproximadamente un centenar de leyes. Estas normativas, según el ejecutivo departamental, resultan inviables de cumplir debido a la escasez de recursos. Si bien se planteó la necesidad de analizar cada ley individualmente para determinar su continuidad, la situación se abordó de manera integral mediante la promulgación de la Ley de Disponibilidad Financiera. Esta nueva disposición establece que todas las leyes aprobadas deben ajustarse a la disponibilidad de fondos, eliminando así la obligación perentoria de financiar cada normativa sin considerar la capacidad económica existente.
A pesar de la percepción pública negativa que a menudo rodea a la Asamblea Departamental, esta legislatura ha logrado sacar adelante diversas leyes de gran calado estructural.
Paralelamente, se ha identificado la urgencia de llevar a cabo un proceso de saneamiento legislativo. De las 506 leyes departamentales existentes, un número considerable ha perdido su vigencia real. Esto incluye normativas cuyo objeto ya ha sido cumplido o ha expirado en el tiempo, otras que carecen de viabilidad práctica, y algunas cuyas competencias corresponden a los ámbitos nacional o municipal. Actualmente, se está trabajando activamente en este saneamiento para dejar sin efecto aquellas leyes que ya no poseen una aplicación efectiva
