Una reciente acción legislativa ha suscitado un fuerte rechazo entre los productores y empresarios del sector vitivinícola, quienes cuestionan la aprobación de una normativa que impone un gravamen a sus productos para financiar un fondo destinado al desarrollo lácteo. Las asociaciones representativas del rubro han manifestado su profunda preocupación por la falta de debate y socialización en el proceso de aprobación de esta medida.
El proyecto de Ley PL-528/2024-2025, recientemente aprobado por la Cámara de Diputados, tiene como propósito fundamental robustecer el Complejo Productivo Lácteo del país. Para ello, se contempla la creación del fondo Leche para Crecer, cuya financiación provendrá, en parte, de retenciones aplicadas a la comercialización e importación de diversas bebidas alcohólicas, entre las que se incluyen los vinos y singanis, productos emblemáticos de la región de Tarija. Desde la capital chapaca, se lamenta que esta iniciativa pretenda favorecer a una industria en detrimento de otra.
La normativa, impulsada desde el ejecutivo, busca mejorar la productividad, la transformación y la comercialización de la leche, contribuyendo así a la seguridad alimentaria. Para materializar este objetivo, el Artículo 6 del proyecto establece una Retención por Comercialización e Importación de Bebidas Alcohólicas – RCIBA. Esta disposición fija cuotas específicas por litro, siendo de 0,40 bolivianos para la cerveza y los vinos de uvas frescas (incluyendo el singani), y de 1,30 bolivianos para otras bebidas espirituosas como el whisky, el ron, y también ciertas categorías de singani.
Las asociaciones nacionales de Industriales Vitivinícolas (ANIV) y de Productores Vitivinícolas (Anavit) han expresado su categórico rechazo a la medida. Argumentan que el nuevo impuesto golpeará directamente a una de las actividades económicas más significativas del departamento, la cual ya enfrenta considerables desafíos en términos de competitividad y acceso a mercados. Se ha señalado que el sector vitivinícola no fue consultado en ningún momento sobre esta propuesta, y que la noticia de su aprobación trascendió apenas el pasado 3 de octubre, tras una sesión legislativa nocturna que generó suspicacia por las circunstancias en las que se llevó a cabo.
Los representantes del sector han declarado un estado de alerta, emitiendo un pronunciamiento en el que denuncian que la retención de 0,40 bolivianos por litro de vino y 1,30 bolivianos por litro de singani producido y comercializado representa una carga injustificada. Afirman que esta medida constituye un duro golpe para una industria en crecimiento, generadora de empleo y que utiliza insumos nacionales, y que la imposición de una carga financiera para beneficiar a otro sector productivo podría ser incluso inconstitucional.
Ante este panorama, el sector vitivinícola ha iniciado contactos con todos los eslabones de su cadena productiva, desde los pequeños productores de uva hasta las grandes bodegas industriales, incluyendo a los regantes, no solo en Tarija sino también en Santa Cruz y Chuquisaca. El consenso es trabajar con los senadores nacionales para solicitar un control constitucional de la ley y lograr su rechazo en la Cámara Alta. Los líderes del sector advierten que la implementación de esta norma elevaría significativamente los costos operativos, lo que inevitablemente llevaría a un incremento en los precios de venta al público. Esto, a su vez, reduciría la demanda y las ventas, calificando la ley como un despropósito total en un contexto donde el ejecutivo parece buscar nuevas fuentes de financiamiento a costa de sectores productivos.
La falta de conocimiento sobre el proyecto de ley por parte de las instituciones vitivinícolas ha puesto en el punto de mira la inactividad de la representación parlamentaria local. Se ha criticado la ausencia de sesiones y la falta de comunicación por parte de la Brigada Parlamentaria de Tarija. Los voceros del sector han manifestado su total desconocimiento del contenido de la norma, que consideran que atenta contra los intereses de los viticultores. Cuestionan la supuesta baja del consumo lácteo y las acciones previas del Estado para fortalecer el sector lechero, contrastando esto con la propuesta de afectar al sector vitivinícola, que ya soporta tres impuestos elevados y opera sin apoyo del nivel central. Se recordó que en el pasado ya se intentaron imponer cobros unilaterales, como el que pretendía gravar la comercialización de uva que salía de Tarija hacia otros mercados del país, sin consulta previa al sector afectado.
En cuanto a la distribución de los recursos, el Artículo 6 de la ley establece que el 63% de lo recaudado por la RCIBA se destinará a fortalecer la producción primaria de leche. Un 9% se asignará a la transformación y comercialización, otro 12% a la promoción del consumo, y un 7% a capacitación e innovación. El 9% restante se distribuirá entre PRO-BOLIVIA (7%) y la AEMP (2%)
