El debate sobre la distribución de las regalías por hidrocarburos ha resurgido con fuerza, impulsado por dos provincias que insisten en la necesidad de revisar el actual esquema de asignación. El presidente de la Asamblea departamental, Damián Castillo, confirmó que este asunto, considerado de alta complejidad, ha sido planteado nuevamente para su tratamiento.
Representantes cívicos de las provincias O’Connor y Arce, con especial énfasis en la región de Bermejo, han solicitado formalmente a la Asamblea departamental que aborde un proyecto de ley relacionado con el 45% de las regalías hidrocarburíferas. Castillo Villarrubia precisó que los líderes cívicos pidieron una audiencia para exponer sus argumentos y la imperante necesidad de que el departamento cuente con una normativa que regule este aspecto.
La propuesta central de O’Connor y Arce busca establecer una ley departamental que destine el 45% de las regalías provenientes de la producción hidrocarburífera de cada provincia directamente a la provincia productora. Esta iniciativa contrasta con la situación actual, donde el 45% del total de la producción departamental de hidrocarburos se asigna a la provincia Gran Chaco. Las provincias proponentes aspiran a que una porción considerable de los ingresos generados en su territorio permanezca en su jurisdicción, distribuyendo el remanente entre los demás municipios del departamento.
El presidente de los legisladores reconoció la delicadeza del tema, señalando que cualquier avance requerirá un amplio consenso entre todos los asambleístas. Este proyecto ha generado divisiones, encontrando apoyo en algunas facciones y un marcado rechazo en otras, particularmente en la provincia Gran Chaco, que se opone a su discusión.
La controversia se agudiza debido a que la implementación de esta nueva distribución implicaría modificar una ley preexistente que beneficia a Gran Chaco. Mientras los representantes de Gran Chaco argumentan que la Asamblea departamental carece de competencia para abordar esta materia, las provincias de O’Connor y Arce refutan esta postura, sosteniendo que la autoridad legislativa sí posee las facultades necesarias y que los cambios propuestos responden a un principio de justicia distributiva.
Este prolongado desacuerdo ha persistido por varios años. La dirección de la Asamblea será la encargada de determinar la fecha en que este proyecto de ley será llevado a debate en el pleno
