El panorama legislativo boliviano se encuentra actualmente inmerso en un intenso debate en torno al Proyecto de Ley PL-528/2024-2025. Esta iniciativa, que busca establecer el Fondo Productivo Lácteo Leche para Crecer, ha avanzado de la Cámara de Diputados al Senado en medio de una considerable controversia. Particularmente en el departamento de Tarija, las industrias del vino y el singani perciben esta medida como una imposición perjudicial, a pesar de su declarado objetivo de fomentar el desarrollo, considerándola en cambio un gravamen encubierto diseñado para fortalecer un sector a expensas de otro pilar económico regional.
La propuesta normativa, ya sancionada por la cámara baja del parlamento bajo un manto de supuestas irregularidades procedimentales, tiene como propósito declarado dinamizar la cadena productiva láctea nacional. Sin embargo, su mecanismo de financiamiento ha encendido las alarmas. Introduce una Retención por Comercialización e Importación de Bebidas Alcohólicas (RCIBA), que establece un gravamen de 0,40 bolivianos por litro para vinos y singani, y de 1,30 bolivianos por litro para otras bebidas espirituosas.
El sector vitivinícola ha manifestado un enérgico rechazo a la propuesta. Tanto la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV) como la Asociación Nacional de Productores Vitivinícolas (Anavit) han emitido un pronunciamiento conjunto, instando al Senado a detener la progresión del proyecto. Un representante de Anavit expresó su profunda preocupación por la medida, calificándola de inaceptable la financiación del consumo lácteo mediante tributos a la producción de vino y singani. Señaló la aparente falta de esfuerzos previos para estimular el consumo de lácteos, contrastando esto con la facilidad con la que se propone aplicar esta nueva carga impositiva a la industria vitivinícola.
El vocero de Anavit desafió además a las autoridades a considerar fuentes alternativas de financiación, cuestionando la ausencia de un impuesto similar para los productores de coca, cuyos precios han experimentado incrementos recientes. Sugirió que tal medida podría generar un impulso significativo para la producción láctea del país. Adicionalmente, advirtió que el impacto real de esta regulación no recaería principalmente en las grandes empresas industriales, que podrían trasladar los costos al consumidor, sino en los viticultores y productores de uva. Estos productores primarios, al no poder aumentar el precio de su materia prima, se verían obligados a absorber los gastos adicionales.
La comunidad empresarial también ha reaccionado con determinación. La Federación Departamental de Empresarios Privados de Tarija (FEPT) ha declarado un estado de emergencia, manifestando su rotundo rechazo a la legislación. El presidente de la FEPT, Franz Molina, caracterizó el proyecto de ley como un tributo disimulado que castiga el corazón productivo de la región sur, anticipando un efecto devastador. Cuestionó la pertinencia de una medida de tal magnitud a pocos meses de un cambio de gobierno, señalando la incongruencia de adoptar políticas que perjudican la producción nacional en lugar de fortalecerla. Molina enfatizó que la ley contradice principios fundamentales de desarrollo, argumentando que no es posible impulsar un sector destruyendo otro.
Molina lamentó la intención de penalizar a una industria que contribuye sustancialmente a la economía del país. Destacó que el sector vitivinícola beneficia a más de 17.000 familias, genera empleo digno, fomenta el turismo
