El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, ha abordado públicamente las recientes acusaciones y el llamado a su renuncia por parte de Rómer Saucedo, denunciando lo que considera una injerencia política con el objetivo de debilitar a la institución en el período previo a la segunda vuelta electoral. Hurtado ha asegurado que este conflicto no compromete el calendario electoral, pero ha advertido sobre la existencia de actores interesados en desestabilizar la entidad encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución Política del Estado.
Al referirse a la dinámica actual entre los magistrados del TCP, el presidente ha calificado la situación como una confrontación entre aquellos con mandatos extendidos y otros que él describe de manera crítica. Ha señalado que el Tribunal Constitucional ha sido objeto de un intenso escrutinio y presión debido a diversas resoluciones emitidas. Estas decisiones, según Hurtado, son el resultado de un trabajo conjunto y colegiado, firmadas por los nueve magistrados que conforman el TCP, tanto los de reciente incorporación como los de mandato prorrogado, quienes operan en salas especializadas y resuelven causas de manera conjunta.
En respuesta a la afirmación de Rómer Saucedo de que los magistrados están usurpando funciones, Hurtado ha refutado categóricamente esta acusación. Ha destacado que, días atrás, se llevó a cabo una Sala Plena conjunta con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la cual él y el presidente del TSJ, junto a ambos plenos, se reunieron para designar vocales en varios departamentos del país, lo que, a su juicio, desvirtúa cualquier señalamiento de ilegitimidad en sus acciones.
El presidente del TCP ha calificado la postura de Rómer Saucedo como netamente política y ha manifestado la preocupación del Tribunal Constitucional Plurinacional ante esta intromisión. Ha enfatizado que se trata de una injerencia de un órgano del Estado sobre una institución fundamental como el TCP, cuya misión es garantizar la supremacía constitucional.
Hurtado ha instado a la ciudadanía a reflexionar sobre los posibles beneficiarios de esta situación. Ha planteado interrogantes cruciales: ¿A quién favorece este escenario? ¿Por qué se busca desestabilizar el Tribunal Constitucional a pocas semanas de la segunda vuelta electoral, programada para el 19 de octubre? ¿Qué actores políticos podrían estar detrás de este objetivo y a quiénes beneficiaría una eventual suspensión de los comicios?
Respecto a las declaraciones de Saucedo, quien ha garantizado la realización de las elecciones y ha sostenido que el TCP puede operar sin los magistrados con mandatos prorrogados, citando el precedente de Osvaldo Valencia al frente del TCP en 2017, Hurtado ha ofrecido una aclaración. Ha recordado que la Sala Plena del Tribunal Constitucional está compuesta por nueve miembros y que, en el caso mencionado, la ausencia de otros magistrados se debió a vacaciones, no a una acefalía que impidiera el funcionamiento del Tribunal. Asimismo, ha explicado que la prórroga de mandatos se dispuso por múltiples factores, incluyendo el esfuerzo por asegurar la inclusión de mujeres e indígenas en el proceso de selección judicial, incluso si no habían alcanzado los requisitos mínimos de habilitación.
Finalmente, Hurtado ha insistido en que, como jueces constitucionales, cualquier intromisión de un juez o vocal de corte en la labor de un magistrado del TCP constituye una clara injerencia. Ha calificado la solicitud de renuncia planteada por Saucedo como una acción de índole puramente política, que busca imponerse sobre la autonomía y la voluntad individual de cada miembro del Tribunal
