El Fiscal General del Estado, Róger Mariaca, anunció la remisión de una denuncia contra autoridades judiciales con mandatos extendidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Esta decisión se tomó con celeridad, apenas veinticuatro horas después de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, presentara la solicitud para iniciar un proceso contra dichos magistrados.
La determinación se fundamenta en la incompetencia del sistema judicial ordinario para procesar a las autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional. En consecuencia, el próximo paso será el envío de la denuncia a la Asamblea Legislativa en las próximas horas, para que esta instancia evalúe las acciones a seguir respecto a las personas denunciadas el martes ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca.
El Fiscal General enfatizó que la remisión de la denuncia se ajusta al procedimiento legislativo establecido, a la Ley 044 y a diversas resoluciones que han sentado jurisprudencia. De esta manera, recae en la Asamblea Legislativa la responsabilidad de resolver la situación jurídica o legislativa de los actuales denunciados. Mariaca complementó que la Asamblea Legislativa Plurinacional, en virtud de su mandato constitucional, posee la facultad de procesar a altas autoridades judiciales, incluyendo las del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Asimismo, la autoridad explicó que existen antecedentes de denuncias presentadas previamente sobre la misma materia. Estas condujeron a un auto de vista emitido por vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, el cual ya había establecido la incompetencia del aparato judicial para procesar a los magistrados en situaciones similares.
El Fiscal General del Estado aclaró que sus atribuciones no incluyen la destitución ni el procesamiento directo de autoridades electas, conforme lo estipula la Constitución Política del Estado. Subrayó la necesidad de respetar los procedimientos establecidos. Además, precisó que una situación diferente surgiría si la Asamblea Legislativa remitiera al Ministerio Público un informe, producto de su propio trabajo investigativo y organizado, que facultara al Ministerio Público a proceder. En tal escenario, se evaluaría la acción correspondiente.
Finalmente, Mariaca buscó transmitir tranquilidad a la ciudadanía, asegurando una estrecha colaboración con el Tribunal Supremo Electoral para garantizar la realización de las elecciones nacionales en su segunda vuelta el 19 de octubre en el país
