El jefe de estado, Luis Arce, alertó recientemente sobre lo que describió como una estrategia coordinada gestándose dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, presuntamente dirigida a obstaculizar la segunda vuelta electoral programada para el próximo 19 de octubre. Según la versión presidencial, este plan implicaría acciones específicas en ambas cámaras legislativas.
En la Cámara de Senadores, se pretendía agilizar la consideración y aprobación de una propuesta legislativa presentada por el senador Pedro Benjamín Vargas. Esta iniciativa buscaba suspender las funciones de los actuales vocales electorales, con el fin último de extender los mandatos del Presidente, Vicepresidente, diputados y senadores en ejercicio. Paralelamente, en la Cámara de Diputados, se reportaba un intento de modificar su directiva, un movimiento considerado esencial para la ejecución de este esquema de prórroga. El mandatario también señaló que se estaba en proceso de conformar una comisión legislativa con el propósito de iniciar procesos contra los vocales electorales y, de este modo, impedir la realización de la segunda vuelta.
Durante una comparecencia pública el miércoles por la tarde, en la que estuvo acompañado por su gabinete ministerial, el Presidente Arce enfatizó la seriedad de estos acontecimientos. Hizo un llamado a la comunidad internacional, calificando la situación como un atentado contra la democracia orquestado por ciertos legisladores que, a su juicio, priorizan intereses particulares. El gobierno, afirmó, mantiene una postura inquebrantable contra cualquier acción que ponga en riesgo el orden democrático, reafirmando su compromiso de entregar el poder el 8 de noviembre al ganador de las elecciones en curso.
Hacia el final de su intervención, el Presidente instó al Tribunal Supremo Electoral a convocar a la brevedad posible a un encuentro entre los cuatro órganos del Estado, incluyendo al Ministerio Público. El objetivo de esta reunión, precisó, sería ratificar el compromiso con la democracia y salvaguardar la estabilidad institucional del país.
Mientras tanto, una notoria tensión se había manifestado en el Senado. Un cambio en el orden del día, que permitía el tratamiento expedito del proyecto de ley del senador Vargas, había generado preocupación en amplios sectores políticos. Esta propuesta legislativa, proveniente de un senador vinculado a una facción política específica, apuntaba directamente a la destitución y enjuiciamiento de los miembros del Tribunal Supremo Electoral. De haber prosperado, la iniciativa habría puesto en serio riesgo la realización de la segunda vuelta. No obstante, tras la declaración pública del Presidente, el propio senador Vargas solicitó el retiro de su proyecto de la agenda de tratamiento inmediato, proponiendo su derivación a la comisión legislativa correspondiente para su análisis estándar. A lo largo de la sesión senatorial, el debate estuvo marcado por intensos cruces de acusaciones entre las distintas bancadas
