El Plurinacional Tribunal Constitucional (TCP) ha refutado categóricamente las acusaciones de usurpación de funciones dirigidas contra sus magistrados. Gonzalo Hurtado, presidente de la institución, desestimó las alegaciones surgidas de una denuncia penal interpuesta por Rómer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien imputa a los miembros del TCP la presunta comisión de dicho delito, además de la emisión de resoluciones que podrían contravenir la Carta Magna.
En su defensa, Hurtado argumentó que la colaboración entre los magistrados de ambas instancias judiciales es habitual, citando la resolución conjunta de causas y la firma mancomunada de documentos oficiales. Como ejemplo reciente, mencionó la designación coordinada de vocales judiciales en diversas regiones del país, lo que, a su juicio, invalida cualquier afirmación sobre una supuesta usurpación de roles.
El presidente del TCP interpretó la acción del TSJ como una postura de índole política y una injerencia indebida de un órgano estatal sobre otro, especialmente uno encargado de salvaguardar la Constitución. Cuestionó la oportunidad de la denuncia, presentada a escasas semanas de la segunda vuelta electoral, sugiriendo que podría existir un intento de desestabilizar la cúpula del TCP y se preguntó qué actores políticos se beneficiarían de una eventual suspensión de la contienda electoral programada para el 19 de octubre.
Por su parte, René Yván Espada, magistrado del TCP, subrayó que este tipo de acciones legales no alterarán la determinación del Tribunal Constitucional de asegurar la realización de la segunda vuelta y de mantener inalterado el calendario electoral. Expresó sorpresa ante la presentación de una denuncia de esta magnitud tan cerca de la fecha clave, un intento que, según él, busca desarticular un tribunal que ha garantizado la integridad del proceso electoral. No obstante, reiteró que la institución no se desviará de su compromiso con la certeza democrática y el respeto al derecho al voto.
En contraposición, el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, aclaró que la denuncia no pone en riesgo ni las elecciones generales ya celebradas ni el balotaje venidero. Aseguró a la ciudadanía que el compromiso de garantizar el desarrollo electoral se mantiene firme, buscando disipar cualquier inquietud sobre la estabilidad del proceso democrático
