Una reciente determinación judicial ha puesto de manifiesto la grave problemática ambiental que afecta al departamento de La Paz, particularmente en el municipio de Viacha, donde la actividad minera desregulada ha provocado una severa polución hídrica. Esta situación se agrava con la recurrente devastación por inundaciones en Tipuani, en el norte paceño, evidenciando un patrón común de explotación sin control y sus devastadoras consecuencias.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitió la Sentencia Constitucional 266/2025, otorgando protección a una Acción Popular presentada por la Defensoría del Pueblo. Esta acción legal fue dirigida contra un conjunto de seis instituciones estatales, incluyendo carteras ministeriales y la Gobernación, por su inacción frente a la contaminación minera en la zona de Viacha. La resolución judicial exige la implementación inmediata de acciones para detener el empleo de cianuro y salvaguardar los recursos hídricos que sirven a más de sesenta localidades. El titular de la Defensoría del Pueblo, Pedro Callisaya, subrayó la trascendencia de este dictamen, señalándolo como un hito en la búsqueda de la justicia ambiental y recordando la obligación estatal, conforme a la Ley 1333 y el Acuerdo de Escazú, de garantizar los derechos fundamentales al agua y la salud de la población.
Análisis técnicos recientes revelan una situación crítica en Viacha: cuatro de las veintitrés empresas activas en el municipio están contaminando los pozos locales con cianuro, y la gran mayoría, veintiuna, operan sin las licencias ambientales requeridas. Muestras recolectadas el 22 de agosto confirmaron la presencia de contaminantes en instalaciones específicas como Dinámycos, Rupaymin, Jacha Kollo y Jacha Mallku, afectando incluso depósitos de agua destinados al consumo humano.
Paradójicamente, Viacha, carente de yacimientos metálicos propios, se ha transformado en un epicentro de procesamiento de residuos mineros, recibiendo materiales para una segunda fase de lixiviación de metales como zinc, cobre y níquel. Este esquema extractivo ha provocado la esterilización de suelos, la desaparición de la vida en los cursos de agua y un profundo malestar entre sus habitantes. Representantes de las comunidades, como Juan Pablo Yujra del Comité de Gestión de la Microcuenca Pallina, han expresado que la población se ve forzada a abandonar sus hogares, pues la polución avanza silenciosamente, volviendo el agua inservible incluso para el ganado. A pesar de los esfuerzos comunitarios que llevaron al Concejo Municipal a aprobar una normativa para la expulsión de estas veintitrés empresas, el alcalde Napoleón Yahuasi ha sido objeto de críticas por su aparente permisividad ante la operación irregular de estas instalaciones. Una concejal, Lizeth Villagómez, ha manifestado que ciertas autoridades han actuado como cómplices en la degradación ambiental.
A unos 350 kilómetros de distancia, en la región norteña del departamento, el municipio de Tipuani enfrenta una situación igualmente desoladora, aunque con manifestaciones distintas. Recientes crecidas de ríos han devastado nuevamente su área urbana. Escenas impactantes muestran vías públicas transformadas en torrentes y residentes utilizando embarcaciones rudimentarias para moverse. La inundación ha afectado talleres, residencias y centros educativos.
La autoridad de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, atribuyó sin reservas la responsabilidad principal de esta catástrofe a la actividad minera. Explicó que la explotación aurífera sin control ha alterado el curso natural de los ríos, erosionado el suelo y colocado a la localidad en una situación de vulnerabilidad extrema, con el riesgo de su desaparición. Aproximadamente 420 familias han sufrido los efectos de estas inundaciones, y el gobierno central aguarda la declaración de desastre municipal para movilizar asistencia humanitaria. Calvimontes, no obstante, fue enfático al interpelar al alcalde de Tipuani, Amadeo Herrera, instándole a clarificar su rol, ya sea como autoridad municipal o como miembro de una cooperativa minera.
Este patrón de desastres no es reciente. Desde el año 2022, la región ha experimentado inundaciones periódicas, directamente vinculadas a la deforestación, la tala indiscriminada y el empleo de maquinaria pesada por parte de cooperativas que operan sin supervisión. Un residente local lamentó haber perdido por completo su taller de tornería en la que es ya la tercera inundación que golpea la zona, dejándolos con lo puesto.
Los casos de Viacha y Tipuani, aunque geográficamente distantes y con impactos ambientales distintos, convergen en un patrón subyacente: la operación minera en vastas extensiones del país se desarrolla sin una adecuada fiscalización ambiental, carente de estudios de impacto y, en ocasiones, con la complicidad o la inacción de autoridades locales vinculadas a intereses corporativos o cooperativistas. Mientras en el altiplano la contaminación por cianuro envenena las reservas de agua subterránea, en la región de los Yungas, los cursos fluviales son alterados y las poblaciones se ven amenazadas por el hundimiento. En ambos extremos del departamento, las comunidades se encuentran desamparadas, lidiando con la negligencia institucional y la falsa promesa de una prosperidad que, en realidad, solo genera devastación
