Bolivia atraviesa un momento institucional crítico, desencadenado por la sentencia 0049-2023 y la subsiguiente intervención de la Fiscalía. La controversia se centra en la permanencia de cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que extendieron sus mandatos sin el respaldo de un proceso electoral o un acuerdo parlamentario. Para diversos analistas, la legitimidad de estos funcionarios ha caducado, operando fuera de un marco legal válido.
La propuesta de la Fiscalía de que sea la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la que determine el curso de acción respecto a los magistrados cuya prórroga se considera irregular, subraya la percepción de que su continuidad en funciones carece de fundamento. La raíz del problema se halla en la sentencia constitucional 0049-2023, la cual, según críticos, extrapoló las atribuciones del TCP al interpretar la Carta Magna de una forma que le permitió extender su propio periodo. Esta acción ha sido comparada con la de un órgano constituyente secundario, que interviene para suplir una supuesta laguna jurídica, ignorando los mecanismos constitucionales preestablecidos.
Esta controvertida prórroga ha generado una serie de repercusiones significativas, incluyendo la declaración de inconstitucionalidad de diversas leyes, la manipulación de decisiones relativas a las elecciones judiciales y una notable fragmentación en el cumplimiento del mandato constitucional del órgano judicial. Observadores políticos sugieren que el Poder Ejecutivo, bajo la administración del presidente Arce, ha priorizado la colaboración con un Tribunal Constitucional percibido como dócil, en lugar de interactuar con la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La independencia entre los poderes del Estado ha sido severamente cuestionada, con acusaciones de que el TCP opera como una extensión política. Aunque el órgano judicial comprende el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, y el TCP se concibe como un garante constitucional, no como parte del aparato judicial, se le reprocha a sus actuales dirigentes actuar como árbitros políticos. Esta situación se manifiesta en la suspensión de facultades legislativas, la anulación del control parlamentario sobre los ministros del actual gobierno y la orientación de la política electoral según intereses particulares. La predominancia de estos cinco magistrados, cuya permanencia es objeto de debate, en la sala plena, y el hecho de que uno de ellos ejerza la presidencia a pesar de la caducidad de su mandato, son citados como evidencia de una clara captura institucional, instrumentalizada al servicio de los intereses del Poder Ejecutivo.
La alianza política Creemos ha declarado que los magistrados en cuestión han visto expirar sus mandatos, por lo que carecen de autoridad legítima para seguir en sus funciones. Desde esta bancada se enfatiza que el TCP ha invadido esferas de competencia que, por mandato constitucional, corresponden a la ALP, tales como la interpelación de ministros, la supervisión electoral y la determinación del calendario y alcance de las elecciones judiciales. Estas acciones, según Creemos, no solo menoscaban la autoridad de la Asamblea y privan a la ciudadanía de procesos decisorios participativos, sino que también socavan los cimientos de la división de poderes.
Ante el requerimiento de la Fiscalía, la postura de Creemos es apoyar el retorno de la denuncia a dicha instancia para que se proceda con una investigación penal ordinaria, la imputación formal de los magistrados cuya prórroga se considera ilegítima y su posterior sometimiento a juicio. Se insiste en que la ALP tiene la obligación institucional de abordar esta situación y establecer un marco legal para la desvinculación de dichos funcionarios.
Respecto a las prioridades de los futuros legisladores tras un cambio de gobierno, se anticipa una Asamblea Legislativa con debilidades estructurales. La razón esgrimida es que las alianzas políticas que compiten por la presidencia carecen de una cohesión orgánica y sus miembros, a menudo provenientes de agrupaciones departamentales, no siempre adhieren a una línea política unificada. Ya se ha observado una fragmentación entre los actuales miembros de la ALP, y se prevé que el día inaugural de la nueva legislatura será crucial. La elección de jefes de bancada y la conformación de las directivas podrían generar deserciones de diputados insatisfechos con la asignación de cargos.
Para asegurar un inicio exitoso en la próxima gestión, se identifican tres reformas legislativas como fundamentales. En primer lugar, la modificación de la ley de hidrocarburos se presenta como una medida de suma importancia. En segundo lugar, se considera imperativo un cambio en el modelo económico del país. Finalmente, la liberación de las exportaciones es vista como un mecanismo esencial para incrementar el flujo de divisas. La situación económica actual, caracterizada por la escasez y las filas para obtener combustible, evoca recuerdos de periodos de racionamiento de productos básicos. La implementación de estas normativas se percibe como el camino hacia una genuina reactivación económica, siendo la generación de divisas un objetivo primordial
