El sector del transporte público en Tarija ha emitido un ultimátum a la administración municipal, estableciendo el 20 de octubre como fecha límite para la anulación del acuerdo contractual con la empresa Smart Solutions, encargada de la gestión del sistema de fotomultas en la capital. De no cumplirse esta demanda, el gremio ha anunciado la posible adopción de medidas de presión, argumentando que el sistema actual implica cobros excesivos y una implementación sin la debida socialización.
Representantes del transporte han manifestado su preocupación por el incremento desproporcionado de las sanciones económicas. Han señalado que una multa inicial, por ejemplo, de 62 bolivianos, puede alcanzar los 300 bolivianos en pocos días debido a la aplicación de recargos acumulativos. La posición del sector es clara: si el contrato no se rescinde antes de la fecha indicada, se activarán acciones de protesta.
Asimismo, se ha puesto en tela de juicio la idoneidad de la infraestructura vial urbana para la aplicación de un sistema de control automatizado. Se ha hecho notar que la ciudad cuenta con semáforos anticuados y sin indicadores de tiempo, arterias principales con deficiencias en el alumbrado público, reductores de velocidad poco visibles y un deterioro generalizado del pavimento. En este contexto, se lamenta que la prioridad municipal sea la imposición de multas en lugar de la mejora de las condiciones viales.
El gremio de transportistas ha asegurado que el sistema de fotomultas no fue debidamente socializado con su sector y ha solicitado una explicación sobre los criterios que fundamentaron su implementación. En consecuencia, han declarado su intención de no abonar las sanciones impuestas bajo el esquema actual y han ratificado que, a partir del 21 de octubre, se determinarán las estrategias de movilización si no se procede con la anulación del contrato.
La oposición a las fotomultas no se limita al transporte libre. Otras organizaciones cívicas y gremiales, como la Federación Departamental de Juntas Vecinales y la Federación del Autotransporte 15 de Abril, también han expresado su rechazo, solicitando una revisión exhaustiva tanto del convenio como del sistema de control vehicular implementado por la Alcaldía
