La comunidad de regantes en Tarija ha manifestado su profunda inquietud ante la paralización de proyectos de riego fundamentales, a pesar de que el financiamiento necesario fue asegurado hace varios meses. Un crédito de 150 millones de dólares, destinado a iniciativas hídricas a nivel nacional, fue aprobado en enero de 2024. Sin embargo, los productores agrícolas de la región lamentan que, hasta la fecha, las obras correspondientes no han sido adjudicadas ni iniciadas.
Representantes del sector han expresado su frustración por esta demora, señalando que, a estas alturas, la ejecución de infraestructuras de riego y represas debería estar en marcha. La incertidumbre se intensifica con el estancamiento de proyectos específicos. La construcción de la represa “San Antonio” en Caraparí, por ejemplo, ha enfrentado sucesivas prórrogas en su proceso de adjudicación. Originalmente prevista para septiembre, la decisión se ha postergado en dos ocasiones, y no se descarta una tercera, a pesar de que dos empresas presentaron sus propuestas.
Una situación similar se observa en los sistemas de riego “Villa Esperanza” y “Calderas”. Las convocatorias para la apertura de sobres de estos proyectos se realizaron el pasado 3 de octubre. Para “Villa Esperanza”, solo una empresa manifestó interés, mientras que para “Calderas”, no hubo proponentes, lo que obliga a una segunda licitación que aún no se ha publicado. La falta de celeridad en la emisión de informes calificadores y el lanzamiento de nuevas convocatorias genera un creciente malestar entre los beneficiarios.
Los líderes del sector han subrayado la urgencia de estas iniciativas, fundamentales para la expansión de la frontera agrícola y la mejora de la producción local. De los recursos totales asignados al país, se ha establecido que 130 millones de bolivianos se destinarán a Tarija. Este compromiso, anunciado con gran expectativa en la plaza principal de la ciudad, fue recibido con optimismo por la comunidad agrícola, que ahora ve con preocupación la posibilidad de que los proyectos no se concreten.
Asimismo, se ha señalado la responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente y Agua en la gestión de estos procesos. Existe un temor palpable entre los productores de que un eventual cambio de administración gubernamental pueda significar la cancelación de estos proyectos, obligándolos a reiniciar gestiones que ya han demandado considerable esfuerzo y tiempo. Por ello, instan a las autoridades a actuar con prontitud para garantizar la continuidad y realización de estas obras esenciales para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria
