A un año de su promulgación, la Ley N° 493 de Salud Mental en el Marco de los Derechos Humanos, específica para el departamento de Tarija, aún no ha logrado materializarse en acciones concretas. Esta situación genera una creciente inquietud entre los actores del ámbito de la salud mental, quienes instan a la administración departamental a agilizar su reglamentación y la asignación presupuestaria necesaria para su implementación efectiva.
La ausencia de una normativa complementaria que detalle su aplicación ha impedido que los mecanismos contemplados en la ley se pongan en marcha, a pesar de un notorio incremento en las afecciones de salud mental en la región. Diversos especialistas y organizaciones civiles han manifestado su profunda preocupación por la inoperancia de esta legislación, que permanece como una mera declaración de intenciones sin impacto real en la atención a la población.
Se ha enfatizado la necesidad de que la Gobernación cumpla con su responsabilidad de desarrollar el reglamento, un paso indispensable para que los municipios puedan actuar con un marco legal claro y efectivo. Sin esta guía, las capacidades de respuesta local se ven seriamente limitadas, impidiendo el desarrollo de políticas públicas coherentes y coordinadas.
Además, se ha resaltado que la Ley 493 es crucial para fortalecer instituciones clave como el Instituto de Prevención, Tratamiento, Rehabilitación e Investigación de Drogodependencias y Salud Mental (Intraid). Actualmente, esta entidad se encuentra desbordada por la demanda de servicios, operando con deficiencias significativas en infraestructura y personal. La implementación de la ley permitiría dotar a Intraid de las herramientas y recursos esenciales para abordar la creciente problemática. La reglamentación también facilitaría la creación de un Plan Departamental de Salud Mental integral, que abarque acciones de prevención, fomento de la resiliencia y mitigación de riesgos, siempre bajo una perspectiva de derechos humanos.
El sector de la salud mental en Tarija aguarda con expectativa que las autoridades departamentales prioricen la elaboración de este reglamento y aseguren los fondos requeridos. El objetivo es transformar la Ley 493 de un mero enunciado legislativo en un instrumento operativo y eficaz para garantizar una atención integral y digna en materia de salud mental para todos los habitantes del departamento
