El Ministerio Público ha admitido una denuncia formal presentada contra el exministro de Justicia, Iván Lima. La acción legal, iniciada por el diputado Héctor Arce, imputa al exfuncionario dos delitos específicos: negociaciones incompatibles y la revelación de secretos profesionales. La acusación central se refiere a la divulgación de la identidad de quien fuera un testigo protegido en el caso de corrupción que involucra a la Administradora Boliviana de Caminos (ABC).
Según lo expuesto, la identidad del testigo protegido del caso ABC fue desvelada el 21 de marzo de 2023. Esta acción, se argumenta, contraviene directamente la Ley N° 458, normativa que establece los mecanismos para la protección y seguridad de los testigos durante el desarrollo de un proceso legal, permitiendo la revelación de su identidad únicamente bajo una orden judicial.
La denuncia fue interpuesta el 9 de octubre y su admisión fue confirmada recientemente. Paralelamente, se ha conocido que otro legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Fredy López, también presentó una denuncia contra el exministro Lima, en este caso por los delitos de estupro y trata de personas; sin embargo, esta última presenta varias observaciones que requieren subsanación por parte del denunciante.
Consultado sobre estos procedimientos, el exministro Lima ha manifestado no haber sido notificado formalmente con ninguna denuncia hasta el momento. No obstante, ha asegurado que, una vez se cumplan los trámites correspondientes, asumirá su defensa ante las instancias pertinentes.
La denuncia de Arce contra Lima se fundamenta en la presunta revelación de la identidad del testigo protegido, un hecho que el legislador considera respaldado por pruebas contundentes, y por el cual el exministro deberá rendir cuentas.
El caso ABC se originó a partir de las acusaciones de Felipe Sandy, un supuesto empresario que actuaba como intermediario entre los gobiernos de Bolivia y China. Sandy denunció la manipulación de documentos en el proceso de licitación de un contrato de la ABC con una empresa china. Este contrato, que data de enero de 2022, se refería a la adjudicación a la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) para la construcción de la doble vía Sucre – Yamparaez, en el departamento de Chuquisaca, por un monto de 456.809.149 bolivianos. De acuerdo con Sandy, para asegurar esta adjudicación, ejecutivos de la firma china habrían ofrecido un soborno millonario, del cual se habrían pagado aproximadamente 9,3 millones de bolivianos en efectivo.
Pese a las declaraciones incriminatorias de funcionarios de la ABC y la documentación que evidenciaba alteraciones, en mayo de 2023, la Fiscalía concluyó el caso y emitió una resolución de sobreseimiento en favor de varios implicados. Entre ellos se encuentran Cristian Mendieta, exgerente técnico de la ABC; Zhengyuan Jin, exrepresentante de la empresa China Harbour Engineering Company (Chec); Juan Carlos Hidalgo, Javier López, Said Martínez, Cosme Agostopa, Carlos Chipana y Deymer Quispe, miembros de la comisión calificadora que avaló la adjudicación; Jesús Aguilar, contador de la ABC; William Mamani, exgerente administrativo de la ABC; María Isabel Galleguillos, notaria que entregó un poder presuntamente adulterado al empresario Zhengyuan; y Hernán Palacios, exgerente regional de la ABC en Chuquisaca.
El fundamento de la denuncia presentada por el diputado Arce detalla que el exministro Lima no solo hizo público el nombre real del testigo, sino también una supuesta causa de muerte que no había sido declarada. Esta acción, se señala, contraviene las disposiciones de los artículos 6, 7, 8 y 23 de la Ley N.º 458, que establecen la obligación de preservar la identidad y confidencialidad de las personas protegidas y restringen el levantamiento de dichas medidas exclusivamente a la autoridad judicial competente.
Arce sostiene que, con dicha revelación, Lima no solo vulneró los derechos de Sandy, quien para esa fecha había fallecido en un presunto accidente de tránsito en Miami, Estados Unidos, lugar al que habría huido para resguardarse de las amenazas recibidas tras denunciar el caso de sobornos. La denuncia remarca que el exministro habría incumplido las funciones establecidas en el artículo 26 numeral 3 de la Ley N.º 458, que atribuye al Ministerio de Justicia la responsabilidad de mantener la reserva de identidad de los beneficiarios del programa de protección. Adicionalmente, se argumenta que su actuación pública favoreció a una empresa bajo investigación por corrupción, restando gravedad a los hechos denunciados y actuando en defensa de intereses particulares.
La admisión de esta denuncia contra el exministro Lima se suma a una serie de procesos legales que ya se tramitan en la Fiscalía y otras instancias contra exministros y funcionarios de alto rango de la actual administración gubernamental, así como contra aliados políticos, todos ellos por presuntos hechos de corrupción.
En este contexto, se ha anunciado una próxima denuncia contra Juan Carlos Huarachi, exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), por presunta complicidad en el enriquecimiento ilícito del exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos. Santos estuvo previamente encarcelado por extorsionar más de 20 millones de bolivianos a empresarios que se adjudicaron contratos con esa cartera de Estado.
La denuncia contra Huarachi será presentada por el abogado y exinvestigador policial, Abel Loma. Se ha explicado que el caso de los sobornos ya cuenta con una acusación formal y que la nueva demanda busca procesar por separado al exlíder de la COB. El abogado ha afirmado que la testigo clave de ese caso, Claudia Cortez, posee respaldos documentales que incriminan al exdirigente de la COB y a otros líderes que estaban al tanto de los actos de corrupción.
Entre otras autoridades y exautoridades que actualmente enfrentan procesos, se encuentran también el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, y el exministro de Justicia, César Siles, quien es señalado por manipulación judicial con el propósito de lograr la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira
