Con la segunda vuelta electoral boliviana a la vuelta de la esquina, el empresariado privado de Tarija ha articulado sus principales demandas para la administración entrante. Entre sus prioridades más apremiantes se encuentran la necesidad de abordar con celeridad la restricción de divisas y las interrupciones en el suministro de combustibles, desafíos que, según el sector, están mermando significativamente la actividad económica nacional.
Marina Ruiz, quien preside la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Tarija (Caincotar), ha manifestado que las expectativas de su gremio se dirigen hacia el próximo gobierno, cuya toma de posesión está prevista para el 8 de noviembre, con la esperanza de que implemente políticas orientadas a la estabilización económica. El sector empresarial confía en que la futura presidencia presentará soluciones concretas y eficaces a las inquietudes planteadas, las cuales deberán reflejar las necesidades del ámbito privado.
Si bien diversas variables inciden en el desempeño de los sectores productivo y comercial, la escasez de moneda extranjera y las dificultades en el abastecimiento de carburantes se perfilan como los obstáculos más inmediatos. Para revitalizar la economía tanto a nivel local como nacional, se subraya la importancia de fomentar la inversión extranjera. No obstante, se reconoce la imperatividad de optimizar el marco jurídico existente para facilitar este propósito.
Se considera esencial una revisión y ajuste de la normativa, en particular de la legislación sobre inversiones, con el fin de posicionar a Bolivia como un destino atractivo para el capital foráneo. Sin tales modificaciones, la captación de nuevas inversiones se vislumbra como un desafío considerable. Finalmente, el empresariado aguarda que la administración entrante otorgue prioridad a la restauración de la confianza y a la consolidación de la estabilidad económica, elementos que consideran fundamentales para la creación de empleo y el robustecimiento de la producción interna
