El sector de salud se prepara para una nueva ola de movilizaciones en respuesta a la persistente negativa de la administración departamental a cumplir con el pago de un beneficio anual adicional, conocido como bono vacunación. Los trabajadores, representados por Omar Velásquez Isnado, han anunciado que retomarán las protestas a partir de esta semana, exigiendo el cumplimiento de lo que consideran un derecho amparado por la ley.
La decisión de intensificar las acciones incluye la exploración de mecanismos legales, como el débito automático, para asegurar la percepción de este estipendio. El gremio percibe la reticencia de las autoridades departamentales como un intento de penalizar la protesta laboral y de eludir una obligación que, según sus argumentos, ya ha sido asumida por otras gobernaciones en el país.
Velásquez Isnado ha confirmado que se están ultimando los detalles administrativos para materializar la entrega de este beneficio, reiterando la firme postura del sector de no desistir de su reclamo. La reanudación de las protestas, acordada en una reciente asamblea, se fundamenta en el precedente establecido por otras administraciones departamentales que ya han efectuado el pago de este bono a sus respectivos trabajadores de salud.
Los representantes del sector han instado a la autoridad departamental a realizar la transferencia de fondos necesaria, señalando que la reticencia actual parece obedecer a decisiones arbitrarias más que a una gestión institucional objetiva. Asimismo, han criticado la omisión del bono en el presupuesto departamental de 2026, una decisión que, según los trabajadores, contrasta con la asignación de recursos a las subgobernaciones, lo que se interpreta como un movimiento con posibles fines políticos.
El sector ha desmentido la afirmación de la administración departamental de que el pago es competencia del nivel central, argumentando que la práctica en otras regiones demuestra lo contrario, donde las gobernaciones han asumido directamente esta obligación. La inconsistencia en la argumentación sobre la responsabilidad del pago se ve agravada por la reciente denuncia penal contra cuatro líderes sindicales por presunta asociación delictuosa, un hecho que ocurre tras el archivo de dos acusaciones previas similares.
Esta acción legal es interpretada como un intento de criminalizar la legítima protesta laboral. Los trabajadores enfatizan el carácter pacífico de sus manifestaciones y señalan que, al llegar a la plaza principal, son las propias autoridades quienes optan por cerrar sus instalaciones, no el sector de salud. El gremio se mantiene en un estado de alerta y movilización permanente, dispuesto a continuar con sus demandas hasta lograr el cumplimiento del beneficio adeudado
