La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija se ha convertido nuevamente en el epicentro de un intenso debate sobre la distribución de las regalías hidrocarburíferas, una controversia que ha resurgido con fuerza en la región. Desde el inicio de esta semana, un grupo de legisladores departamentales, provenientes de las provincias de Bermejo, Padcaya y Entre Ríos, ha iniciado una huelga de hambre en las instalaciones del órgano legislativo, exigiendo el tratamiento de un proyecto de ley clave.
La propuesta legislativa en cuestión busca modificar el esquema de reparto del 45% de los ingresos derivados de las regalías del gas natural. Los catorce asambleístas, tanto titulares como suplentes, que representan a las bancadas de Unidos y del Movimiento al Socialismo (MAS), argumentan que las provincias productoras deben recibir una porción equitativa de estos recursos. Su principal fundamento es que la región del Chaco se beneficia actualmente de volúmenes de producción que no se originan en su territorio.
El proyecto de ley estaba programado para ser debatido el 22 de octubre, pero fue retirado de la agenda. Los legisladores en huelga atribuyen esta decisión a presiones ejercidas por el bloque chaqueño, lo que ha exacerbado la tensión.
Representantes de las provincias demandantes han enfatizado que su objetivo no es menoscabar los recursos del Chaco, sino establecer una distribución justa y proporcional basada en la producción real de cada provincia. Han señalado que, si bien el Chaco, O’Connor y Arce son provincias productoras, el sistema actual permite que una de ellas reciba más de lo que genera. Asimismo, han expresado su preocupación por las restricciones impuestas al ingreso de ciudadanos que deseaban unirse a la medida de protesta, solicitando la intervención de la Defensoría del Pueblo para garantizar la transparencia y el carácter pacífico de la movilización.
Desde Bermejo, se ha respaldado firmemente la medida, argumentando que el esquema de distribución vigente perpetúa una desigualdad entre las regiones que contribuyen a la producción hidrocarburífera. Se ha explicado que las regalías están concebidas como una compensación por el impacto ambiental de la actividad, un resarcimiento que, en la práctica, no siempre llega a las zonas donde se produce el gas. Se ha manifestado la intención de exigir que el proyecto de ley sea incluido en la próxima sesión plenaria, a pesar de las objeciones jurídicas que se han presentado.
La controversia en torno al 45% de las regalías no es reciente. Se ha recordado el caso del pozo Churumas, situado en la provincia Arce, que desde junio pasado ha comenzado a producir hidrocarburos. A pesar de que la explotación ocurre en Arce, las regalías correspondientes se estarían transfiriendo al Chaco, lo que, según los críticos, evidencia una distorsión en el sistema actual y la imperiosa necesidad de su revisión.
En contraste, los representantes del Gran Chaco han defendido enérgicamente la posición de su región, sugiriendo que detrás del proyecto de ley existen intereses políticos. Han afirmado que el 45% de las regalías no es una concesión, sino una conquista histórica obtenida por el pueblo chaqueño tras décadas de lucha. Sostienen que cualquier intento de modificar esta distribución mediante una ley departamental no solo carece de base legal, sino que además vulnera una normativa de alcance nacional. En este sentido, se ha mencionado un informe previo del Servicio Estatal de Autonomías (SEA) que advierte sobre la falta de competencia de la Asamblea Legislativa Departamental para alterar la distribución de regalías, dado que el 45% está garantizado por una ley nacional.
Este debate sobre las regalías no solo confronta a las provincias, sino que también pone a prueba los límites de la autonomía departamental. La asignación de los recursos generados por el gas natural ha sido históricamente uno de los temas más delicados en la política tarijeña, donde las tensiones entre el Chaco y el resto del departamento suelen reaparecer. Anteriormente, legisladores del Chaco han advertido que una modificación en la distribución podría conducir a una división dentro del departamento.
La situación actual en la Asamblea Legislativa Departamental y en la región del Chaco se caracteriza por una notable reserva. Dirigentes cívicos de Yacuiba han evitado pronunciarse en detalle sobre las medidas que podrían adoptar si el proyecto de ley de redistribución prospera, aunque previamente se habían declarado en emergencia. De manera similar, la presidencia de la ALDT ha declinado emitir comentarios sobre el asunto, argumentando compromisos de reunión. Por el momento, el conflicto amenaza con intensificarse si no se aborda el proyecto de ley en los próximos días
