La reciente promulgación de una normativa departamental en Tarija, que redefine la distribución de las regalías hidrocarburíferas, ha generado reacciones encontradas entre las distintas regiones y sus representantes legislativos. Mientras provincias como Arce y O’Connor se preparan para implementar la denominada Ley del 45%, la región del Gran Chaco ha manifestado su rotundo rechazo, anunciando la interposición de diversas acciones legales.
La nueva legislación establece que cada provincia productora de hidrocarburos en Tarija recibirá el 45% de las regalías generadas en su jurisdicción. El 55% restante continuará bajo la administración del gobierno departamental. De este 45% provincial, un 7% se destinará a las provincias no productoras de hidrocarburos. El 38% remanente se dividirá equitativamente para ser administrado por el municipio y la subgobernación correspondiente.
Un legislador de Bermejo ha defendido la validez de la ley, sosteniendo que, al estar aprobada, su aplicación es obligatoria y se enmarca dentro de los preceptos constitucionales y la Ley Marco de Autonomías. Ha cuestionado la postura de los opositores, señalando que sus protestas, incluyendo huelgas de hambre, contradicen la afirmación de que la ley carece de aplicación real. Aunque se anticipa la interposición de diversas acciones legales, tanto constitucionales como penales, contra los impulsores de la medida, el legislador confía en que la justicia, aunque a veces demore, finalmente prevalecerá. También ha distinguido entre un proyecto de ley, susceptible de consulta previa al Tribunal Constitucional, y una ley ya sancionada por la Asamblea departamental, cuyo estatus es diferente.
En contraste, un representante del Gran Chaco ha restado importancia a la normativa, argumentando que la disminución de las regalías hidrocarburíferas departamentales hace que la asignación del 45% sea insignificante, calificándola de una promesa vacía. Ha advertido sobre un posible error en esta medida, sugiriendo que las provincias podrían enfrentar déficits al asumir responsabilidades como el Prosol o la canasta alimentaria con fondos insuficientes. Asimismo, ha enfatizado que la participación del Gran Chaco en las regalías departamentales está salvaguardada por una ley de carácter nacional. El legislador ha calificado la promesa de beneficios para otras regiones como una ilusión y ha anunciado la realización de una conferencia de prensa en el plazo de un mes para verificar la efectividad de la distribución de este 45%.
La región del Gran Chaco ha confirmado su intención de emprender todas las acciones legales pertinentes, tanto en el ámbito constitucional como penal, tras la aprobación de la ley departamental. El legislador había alertado previamente a sus colegas sobre las posibles consecuencias legales de aprobar la ley, señalando que podrían enfrentar procesos. Si bien ha reconocido la posible legitimidad de las demandas de otras provincias, ha insistido en que el marco legal elegido para abordarlas no es el apropiado
