La penitenciaría de El Palmar, ubicada en la provincia Gran Chaco, alberga actualmente a 648 individuos, una cifra que excede significativamente su capacidad original y genera condiciones de vida extremadamente precarias para sus ocupantes. Esta sobrepoblación no solo se manifiesta en un hacinamiento crítico, sino que también agrava los problemas relacionados con la salud de los internos.
El recinto fue diseñado inicialmente para alojar a un máximo de 400 personas. Sin embargo, con una población que supera en casi un 60% su límite constructivo, los espacios disponibles resultan insuficientes y restringidos. Esta disparidad entre la infraestructura y el número de reclusos es una de las principales causas de las deficiencias observadas.
Dentro de la población carcelaria, se ha identificado la presencia de adultos mayores que padecen enfermedades terminales, lo cual plantea un desafío adicional para la atención médica. Asimismo, se ha confirmado que hay internos diagnosticados con VIH y SIDA, lo que subraya la necesidad urgente de mejorar y especializar los servicios sanitarios dentro del penal.
Ante la gravedad de la situación, representantes de organizaciones de derechos humanos locales han expuesto un informe detallado sobre estas circunstancias críticas al presidente del Tribunal Departamental de Justicia. El objetivo de esta presentación fue sensibilizar a las autoridades judiciales sobre la imperiosa necesidad de implementar medidas que alivien la crisis humanitaria en el centro penitenciario.
Un factor que contribuye a la saturación es el traslado de reclusos desde otras regiones, incluyendo departamentos como Santa Cruz. Esta afluencia de nuevos internos agudiza la ya compleja situación de hacinamiento en una instalación que opera muy por encima de sus posibilidades.
Además, se ha planteado una revisión de la Ley 348, relativa a las agresiones y violencia de género. Existe la percepción de que la aplicación actual de esta normativa puede llevar a un gran número de detenciones, en ocasiones sin que se otorgue el peso adecuado a los informes médicos o a una investigación exhaustiva, lo que deriva en un incremento de apelaciones. Se argumenta que una investigación más rigurosa y completa en la fase inicial de los procesos judiciales podría contribuir a reducir la cantidad de personas privadas de libertad.
La situación de la detención preventiva es particularmente preocupante. De los 648 internos en El Palmar, más de 60 se encuentran bajo esta medida cautelar. Específicamente en Villa Montes, de los 184 encarcelados, muchos han permanecido en detención preventiva durante años, a la espera de una resolución definitiva de sus casos
