Una reciente disposición legislativa, aprobada por la asamblea saliente, ha desatado una profunda controversia en el ámbito económico y social del país. Esta normativa busca ofrecer un alivio temporal a los deudores, pero ha generado una ola de preocupaciones sobre sus posibles repercusiones a largo plazo, creando una fuerte división entre prestatarios, empresarios y legisladores.
La medida, sancionada en la última sesión del órgano legislativo, establece la suspensión de acciones judiciales, embargos y procesos vinculados a créditos de vivienda social hasta abril de 2026. Se garantiza un aplazamiento automático de pagos por seis meses, sin que esto implique costos administrativos adicionales, incrementos en las tasas de interés o la aplicación de sanciones. Sin embargo, la ausencia de un diálogo previo con el sector financiero y de una evaluación técnica exhaustiva ha sido un punto de fricción.
Aunque para algunos deudores esta ley representa un respiro ante la coyuntura económica, otros la perciben con cautela. Un portavoz de asociaciones de prestatarios, por ejemplo, ha calificado la iniciativa como un gesto más político que una solución de fondo al problema del sobreendeudamiento. Ha señalado que, si bien podría ofrecer un alivio inmediato, en el mediano plazo los bancos podrían endurecer sus condiciones, dejando a los deudores en una situación más precaria. Además, se ha cuestionado el momento de su aprobación, al cierre de la legislatura y sin una consulta amplia con los afectados, sugiriendo que las nuevas autoridades podrían haber abordado el tema con una perspectiva más integral. La flexibilidad de las entidades financieras para ajustar las cuotas a la capacidad de pago actual de los deudores es vista como una necesidad apremiante.
Desde el parlamento, varias voces han manifestado su oposición. Un legislador de la capital ha anunciado gestiones para anular la ley, describiéndola como una propuesta riesgosa y de corte populista. Argumenta que estas prórrogas suelen generar una falsa sensación de perdón, resultando en mayores intereses para los prestatarios y eventuales pérdidas para las instituciones bancarias. La falta de coordinación con las entidades financieras ha sido un punto crítico. Otro parlamentario ha rememorado experiencias pasadas, como la normativa similar implementada durante la pandemia, que derivó en un pago acumulado de intereses para los deudores, y ha criticado la inacción de la legislatura saliente en la búsqueda de soluciones duraderas para este sector.
El sector empresarial también ha expresado su inquietud. Una importante cámara de comercio ha emitido un comunicado calificando la ley como “improvisada e irresponsable”, alertando sobre el riesgo de debilitar la liquidez del sistema financiero y de impactar negativamente la inversión nacional. El presidente de esta entidad ha explicado que la medida podría restringir la capacidad de las instituciones para otorgar créditos, afectando particularmente a las micro y medianas empresas, que son pilares en la generación de empleo. Se ha propuesto la necesidad de una reglamentación que module el alcance de la ley, focalizando el diferimiento en aquellos prestatarios que realmente lo necesiten, en lugar de aplicarlo de forma generalizada.
Expertos en economía han advertido sobre las implicaciones de esta disposición, calificándola de “bomba de tiempo” para la administración entrante. Un analista ha subrayado la imprudencia de un diferimiento indiscriminado, sin una evaluación individualizada de cada caso, y ha enfatizado que el rol del Estado debería ser de mediador, no de interventor en las relaciones contractuales privadas, una práctica que, según su análisis, desincentiva la inversión. Se ha señalado que, a septiembre del año en curso, el crecimiento de la cartera crediticia ha sido modesto, apenas un 3.3% anual, reflejando una recesión económica nacional. La medida podría impactar a una vasta cantidad de prestatarios, estimados en 1.4 millones, lo que representa cerca del 74% del total del sistema financiero, y afectaría aproximadamente el 44% de la cartera de microcréditos y vivienda de interés social. La ausencia de consenso y diálogo entre prestatarios, bancos y entidades financieras ha sido un punto crítico. Aunque la promulgación de la ley recae en el actual ejecutivo, su implementación y posibles ajustes reglamentarios serán responsabilidad de la próxima gestión gubernamental, con el fin de mitigar su impacto en el sistema financiero
