La nueva asamblea legislativa se enfrenta a una agenda apremiante, que incluye la renovación de los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la promulgación de una ley indispensable para convocar elecciones subnacionales. Existe una clara necesidad de que el cuerpo legislativo agilice la elección de las presidencias de sus cámaras, un paso considerado crucial para abordar estas cuestiones fundamentales.
La realización de los comicios subnacionales depende directamente de la selección oportuna de nuevos vocales para el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales electorales departamentales. Se presenta una disyuntiva compleja: prorrogar los mandatos de alcaldes y gobernadores, una medida generalmente rechazada en un sistema democrático, o extender la permanencia de los actuales vocales del TSE, lo que podría interpretarse como una validación de prórrogas previas otorgadas por otras instancias constitucionales. El tiempo disponible para resolver esta situación es extremadamente limitado.
El período de funciones de los actuales vocales electorales concluye el 19 de diciembre. A partir del 8 de noviembre, restan apenas 46 días para que seis de los siete miembros finalicen su mandato, lo que acorta drásticamente el plazo para su reemplazo. Paralelamente, la convocatoria a elecciones subnacionales debe efectuarse a más tardar el 15 de noviembre, lo que requiere la aprobación previa de una ley específica. Estos plazos convergentes subrayan la urgencia de una acción parlamentaria inmediata.
Dentro de la composición actual del TSE, el vocal Gustavo Ávila es el único que podría continuar en su cargo. Habiendo jurado el 4 de abril de 2024, ha cumplido apenas 18 meses de los seis años que establece la Constitución Política del Estado para dicho mandato. Adicionalmente, el Presidente de la nación tiene la facultad constitucional de designar a un delegado ante el TSE. Esta disposición asegura que, una vez que cese el mandato de los otros seis vocales, el Tribunal no quedará acéfalo, manteniendo una figura de liderazgo y continuidad institucional. La consideración de mantener a figuras con probada experiencia y que han generado confianza institucional es un elemento clave en la discusión sobre la estabilidad durante este período de transición
