La Ley 1680, una nueva legislación enfocada en la protección integral y la reparación para hijos e hijas huérfanos víctimas de feminicidio y otros delitos contra la vida, ha entrado en vigor. Esta normativa representa un avance significativo en el compromiso estatal con la salvaguarda de la infancia y adolescencia que ha sufrido la devastadora pérdida de sus madres a causa de la violencia de género.
El propósito central de esta disposición legal es asegurar un soporte económico, social y psicológico continuo para los menores afectados. Se busca mitigar el impacto de estas tragedias, proporcionando un marco de apoyo que les permita desarrollarse en condiciones dignas y seguras.
Un pilar fundamental de la ley es la instauración de un bono económico mensual. Este beneficio no será inferior al 20% del salario mínimo nacional, que actualmente asciende a 2.750 bolivianos. La entrega de este subsidio se articula en dos modalidades: una provisional, que se activa desde el inicio de la investigación del delito, y una definitiva, que se consolida una vez que se emite una sentencia condenatoria ejecutoriada. Es importante destacar que la continuidad de este bono está garantizada, incluso en situaciones donde el autor del crimen no sea identificado o se dicte una absolución.
Además del respaldo financiero, la Ley 1680 establece una serie de medidas complementarias de protección integral. Estas incluyen la garantía de acceso a servicios esenciales como la educación y la salud, así como un subsidio alimentario específico para niñas y niños menores de cinco años. Se prevé también un acompañamiento psicológico y terapéutico, facilitado por equipos multidisciplinarios, y la provisión de asistencia legal gratuita y especializada. Los beneficiarios tendrán acceso prioritario al Sistema Único de Salud (SUS) con cobertura total, y sus tutores serán considerados con prioridad en los programas de vivienda social.
La legislación subraya la importancia de preservar la unidad familiar, estipulando que los hermanos no deben ser separados en procesos de acogimiento o adopción. El objetivo es asegurar que los menores crezcan en entornos estables, seguros y afectivos.
Finalmente, los beneficios de esta ley están dirigidos a hijas e hijos menores de 18 años. Sin embargo, la cobertura se extiende hasta los 25 años en aquellos casos en que los beneficiarios se encuentren cursando estudios superiores
