La dimisión del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, se hizo pública este viernes por la noche, generando una inmediata reacción en el ámbito legislativo. Parlamentarios instaron con urgencia a los fiscales a cargo de la investigación del caso Botrading a emitir una alerta migratoria, buscando así impedir cualquier posible salida del país del exejecutivo. Voces desde la Asamblea Legislativa advirtieron que, de concretarse una fuga, la responsabilidad recaería directamente sobre los fiscales del departamento de La Paz y el fiscal departamental por no haber ordenado a tiempo las medidas precautorias necesarias.
En La Paz, se mantiene abierta una investigación relacionada con la empresa Botrading. Esta compañía, según las indagaciones, habría sido constituida con fondos de la propia YPFB y posteriormente habría vendido combustible a la estatal petrolera a precios inflados. Los excedentes generados por estos sobreprecios presuntamente fueron desviados a cuentas privadas. El caso no solo involucra al recién dimitido Dorgathen, sino también a Marcelo Arce, hijo del presidente Luis Arce, quien en su momento ocupó un cargo en la empresa estatal.
En su carta de renuncia, el exdirector expresó su gratitud por el respaldo, la coordinación y el acompañamiento recibidos durante su gestión. Describió su tiempo en el cargo como una experiencia de gran valor tanto profesional como personal, en la que reafirmó su compromiso con el desarrollo del sector energético y el fortalecimiento institucional de YPFB.
Paralelamente, la Asamblea Legislativa llevó a cabo su propia investigación sobre el caso Botrading. Sin embargo, el informe resultante se limitó a formular recomendaciones para indagar sobre la conducta de Dorgathen, sin extender las sugerencias de investigación a la familia presidencial o al propio mandatario. A pesar de que la fiscalía ha convocado al exejecutivo de la estatal petrolera para que preste declaración, hasta el momento no se ha procedido a su detención para una audiencia cautelar. La preocupación por una posible evasión de la justicia por parte del exdirector persiste en círculos legislativos, quienes reiteran la necesidad de acciones preventivas por parte de las autoridades judiciales
