El recién investido presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, delineó el sábado pasado, en su discurso inaugural, una ambiciosa visión para su mandato, a la que ha denominado el Gobierno del futuro verde. El mandatario afirmó que su gestión se fundamentará en la innovación, la ciencia y la tecnología, siempre bajo un compromiso inquebrantable con la sostenibilidad ecológica.
Desde el estrado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el jefe de Estado articuló un mensaje que fue recibido con aprobación por autoridades, representantes diplomáticos y organizaciones civiles. En él, aseguró la protección de los ríos, bosques y glaciares del país, enfatizando que el progreso económico marchará en armonía con el respeto al entorno natural, superando la histórica disociación entre crecimiento y conservación.
El presidente Paz Pereira también hizo hincapié en la necesidad de que Bolivia reafirme su posición en el escenario global con una renovada dignidad, en sintonía con las prioridades internacionales de sostenibilidad. Su propuesta de un Gobierno verde representa un cambio significativo en la retórica y las políticas nacionales, tras décadas de confrontación entre el desarrollo extractivista y la preservación ambiental.
La formación política que impulsó la candidatura de Paz Pereira, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), ya contemplaba en su programa de gobierno un apartado dedicado a la Protección del Medio Ambiente y la Utilización Responsable de los Recursos Hídricos. En este documento se articulan siete ejes estratégicos diseñados para redefinir la interacción del Estado con los ecosistemas y los recursos naturales.
Entre sus propuestas más destacadas se encuentran la implementación de una Gestión Integral y Sustentable de la Biodiversidad, la Conservación de Cuencas Hidrográficas, y la Prevención y Control de Incendios Forestales. Estos puntos adquieren una urgencia particular a raíz de la pérdida de más de diez millones de hectáreas de bosques durante el año 2024, afectando primordialmente a las regiones de Santa Cruz y la Amazonía.
El programa del PDC también contempla la erradicación de actividades mineras ilícitas y la salvaguarda de las áreas naturales protegidas. Asimismo, propone el robustecimiento del entramado legal y la administración ambiental, un desafío crucial en zonas donde la autoridad estatal se ha visto erosionada por la proliferación de economías al margen de la ley.
Un sexto pilar estratégico se enfoca en fomentar la educación ambiental y una cultura de responsabilidad ciudadana. Finalmente, el séptimo eje se orienta a la derogación de normativas que han sido calificadas de incendiarias, aprobadas en administraciones anteriores, y que previamente permitieron prácticas de desmonte y el empleo descontrolado del fuego para la expansión agrícola
