Un protocolo de seguridad integral ha sido puesto en marcha en todos los puntos de entrada y salida del territorio nacional, abarcando los treinta y un pasos fronterizos terrestres y la totalidad de los aeropuertos del país. Esta medida busca prevenir y detectar cualquier intento de exfuncionarios de la administración anterior de abandonar el país.
La Dirección Nacional de Interpol, en estrecha colaboración con la Dirección General de Migración, tiene la responsabilidad de hacer cumplir las disposiciones legales vigentes. El propósito es asegurar que las antiguas autoridades permanezcan en el territorio por un periodo determinado tras el cese de sus funciones. El personal operativo ha sido instruido para mantener una vigilancia constante y responder de manera inmediata.
Esta supervisión rigurosa se fundamenta en la Ley 1352, conocida como la Ley de Permanencia Obligatoria. Dicha normativa establece que los individuos que han ocupado cargos públicos de relevancia, incluyendo al Presidente, Vicepresidente, ministros de gabinete, miembros de la asamblea legislativa y ejecutivos de empresas estatales, deben permanecer en el país durante los noventa días posteriores a la conclusión de sus mandatos. La implementación de este control estaba prevista para el sábado 8 de noviembre.
Las autoridades han confirmado que cualquier incidencia o intento de eludir estas restricciones será comunicada sin demora a las instancias fiscales, judiciales o a las autoridades legalmente competentes, garantizando una acción oficial pronta. El alcance de esta vigilancia se aplica de manera uniforme en todas las fronteras terrestres y en los centros de tránsito aéreo a nivel nacional.
Paralelamente, un legislador, Carlos Alarcón, del bloque político Unidad, ha dirigido comunicaciones formales tanto a la Contraloría General del Estado como a la Dirección General de Migración. Mediante estas cartas, el diputado ha instado a ambas instituciones a cumplir con sus deberes conforme a la Ley 1352.
El legislador señaló que el plazo para que la Contraloría remitiera a la Dirección de Migración la lista detallada de los funcionarios del gobierno saliente expiró el sábado anterior, fecha en que se realizó el traspaso formal de poder. Alarcón solicitó específicamente a la Contralora General, Nora Herminia Mamani, y al Director General de Migración, Luis Fernando Torres, que informen públicamente si han cumplido con sus obligaciones estatutarias. Recalcó que, según lo estipulado por la Ley 1352, la Contraloría debía haber enviado el sábado una relación completa del Presidente, Vicepresidente, ministros salientes, asambleístas y ejecutivos de empresas públicas, y, consecuentemente, Migración debía haber activado la alerta preventiva o arraigo.
Alarcón enfatizó que no se trata de un procedimiento administrativo genérico o simbólico, sino de una obligación legal precisa que exige la identificación de individuos por nombre, apellido y cargo específico, tal como lo establece la legislación vigente. Subrayó que la lista de la Contraloría debía comenzar con el presidente saliente, Luis Arce Catacora, y que el director de Migración debía haber actuado en consecuencia. Se recordó, además, que la Ley 1352, promulgada en octubre de 2020, mantiene plena vigencia y fue aplicada previamente al gobierno transitorio
