Al concluir la CXVII Asamblea de Obispos de Bolivia, el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, monseñor Aurelio Pesoa Ribera, abordó la iniciativa del Gobierno nacional de eliminar los subsidios a los combustibles. En su intervención, hizo un llamado a la ponderación y a la cautela en la adopción de decisiones que impactan directamente en la ciudadanía.
El líder eclesiástico enfatizó la necesidad de analizar con rigor toda determinación de índole económica, sopesando sus repercusiones sociales y el efecto que pueda tener en la vida cotidiana de las familias bolivianas. Destacó que cualquier medida precipitada podría generar un sufrimiento innecesario entre la población trabajadora.
Monseñor Pesoa reconoció que la problemática de la escasez de gasolina y diésel, junto con su incidencia en la economía nacional, representa un desafío que concierne a todos los habitantes del país. Por ello, subrayó que las soluciones deben gestarse con un profundo sentido de responsabilidad y pragmatismo.
Insistió en que las decisiones, aunque necesarias, deben ser tomadas con serenidad, priorizando siempre el bienestar colectivo de los bolivianos. La cuestión, apuntó, trasciende la mera regulación de precios, exigiendo una visión integral de la realidad para actuar con la máxima prudencia.
El obispo también reafirmó que los lineamientos de política pública deben tener como eje central a la persona humana y al bien común, principios que la Iglesia promueve como criterios éticos y sociales fundamentales en cualquier proceso de decisión económica. El camino a seguir, según su perspectiva, es la reflexión profunda, la búsqueda de lo que verdaderamente conviene al país en su conjunto, evitando la precipitación y aquellas acciones que puedan exacerbar la pobreza o las disparidades sociales.
La declaración de Monseñor Pesoa se produjo en el contexto de la lectura del Mensaje al Pueblo de Dios, el documento conclusivo de la CXVII Asamblea Episcopal. En este, los obispos reafirmaron su compromiso de acompañar al pueblo boliviano, promoviendo la justicia social, el diálogo constructivo y la defensa de la vida en todas sus manifestaciones. La Iglesia, concluyó, continuará siendo un faro de esperanza, alentando vías de encuentro y solidaridad, especialmente en momentos en que la nación enfrenta encrucijadas complejas
