Las autoridades policiales de Potosí detuvieron a dos exfuncionarios implicados en un caso relacionado con la presunta entrega irregular de joyas institucionales. Édgar Jallaza, ex presidente del Tribunal Departamental de Justicia, y Waldo Porcel Soruco, ex alcalde interino, fueron aprehendidos en el marco de una investigación que involucra la elaboración y distribución de medallas y pines de plata destinados a miembros del órgano judicial.
El comandante departamental de la Policía, coronel Fernando Barrientos, confirmó que ambos exfuncionarios fueron trasladados a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y permanecen bajo custodia mientras continúan las diligencias a cargo del Ministerio Público. La aprehensión se efectuó tras recibir nuevos informes y acumularse más pruebas que respaldan su presunta participación en los hechos.
De acuerdo con las autoridades, la medida se adoptó conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, debido a la existencia de indicios suficientes sobre su probable responsabilidad y el riesgo de entorpecimiento del proceso judicial. Se señala que Porcel habría tenido un rol directo en la gestión para la fabricación de las piezas de joyería, mientras que Jallaza habría entregado algunas medallas a vocales judiciales de manera personal.
La investigación, que se encuentra en curso desde hace varios meses, ya había incluido a dos concejales, quienes enfrentan cargos por uso indebido de influencias. Se determinó que las joyas fueron encargadas a la Empresa Municipal de Joyas (Emujoyas), y que parte de estas adquisiciones se realizaron mediante compromisos de deuda por parte de autoridades municipales y judiciales.
El fiscal encargado del caso anticipó que la investigación podría ampliarse para involucrar a más personas, dado que se han encontrado documentos que podrían vincular a otras autoridades. Tras las aprehensiones, se prevé que ambas exautoridades sean presentadas ante un juez en un plazo máximo de 24 horas, momento en el cual se formularán cargos formales y se solicitarán medidas cautelares, probablemente de carácter personal.
El Ministerio Público sostiene que los implicados habrían actuado en conjunto para gestionar la fabricación y entrega de estos objetos, beneficiando a terceros. No se descarta que nuevas citaciones sean emitidas para otras autoridades municipales o judiciales a medida que avance la investigación
