Un análisis técnico reciente ha revelado que, durante los primeros ocho meses de 2025, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S. A. (Entel) permitió la activación de al menos 1.053 teléfonos móviles cuyos IMEI habían sido reportados mayoritariamente como robados por sus propietarios. Estos dispositivos fueron retirados ilegalmente de las listas negras mediante procedimientos no autorizados.
Este tipo de manipulación suele ser realizada por individuos con intenciones delictivas que buscan comercializar dispositivos hurtados. Según la normativa vigente de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), únicamente el titular legítimo del equipo puede solicitar la restitución del servicio para un IMEI registrado como robado. El incumplimiento de esta disposición conlleva sanciones severas, incluyendo la suspensión de operaciones y multas económicas significativas para la empresa involucrada.
Un documento interno fechado el 20 de agosto de 2025, emitido por el subgerente de Experiencia del Cliente, Carlos Alberto Sánchez, alertó sobre la reactivación de IMEI sin la autorización de los propietarios ni la documentación necesaria. Esta acción fue atribuida a operadores de la empresa Datacom S. R. L., encargada de brindar servicios de atención al cliente y mantenimiento para Entel.
Ante esta situación, se solicitó a Datacom la entrega de los respaldos correspondientes para cada caso de liberación de IMEI, conforme a lo estipulado en el Decreto Supremo N° 353. La respuesta incluyó informes provenientes de varias oficinas regionales, sin embargo, la revisión posterior evidenció la ausencia de documentación que justifique la habilitación de los dispositivos, lo que representa un incumplimiento grave y expone a Entel a posibles sanciones legales y económicas.
El 8 de septiembre, los directivos de ambas compañías fueron informados sobre la magnitud del problema y sus implicaciones, aunque no se registraron acciones correctivas por parte de la gerencia. La investigación identificó a 21 operadores de Datacom y dos empleados de Entel como responsables directos de la activación irregular de los IMEI bloqueados, detallando sus nombres y ubicaciones.
Un caso destacado en el informe señala que un operador realizó 184 registros de IMEI previamente denunciados por robo o hurto en años anteriores, los cuales fueron liberados y registrados nuevamente el mismo día por terceros, facilitando así el uso ilegal de estos dispositivos.
Además, trabajadores de base de Datacom, que prefirieron mantener su anonimato, denunciaron que estas irregularidades forman parte de un patrón más amplio de corrupción, acoso laboral, despidos injustificados y acoso sexual dentro de la empresa. Señalan que estas situaciones han persistido durante años y que los sindicatos y directivos han obstaculizado las denuncias, contando con el respaldo político de ciertas instancias gubernamentales.
Datacom, empresa con mayoría accionaria de Entel y creada hace más de una década, ofrece servicios de atención al cliente y mantenimiento técnico. Aunque en el pasado atendió a otras entidades, estos contratos fueron cancelados debido a problemas administrativos. Actualmente, aproximadamente 1.600 empleados dependen de esta compañía, pero enfrentan condiciones laborales adversas y conflictos con la dirigencia sindical, quienes se mantienen en sus cargos con apoyo político.
Los denunciantes resaltan que, pese a la gravedad de la situación, ni la gerencia anterior de Entel ni los responsables de Transparencia han tomado medidas legales o administrativas para abordar las irregularidades detectadas. El último comunicado interno relacionado con la prevención de este tipo de casos data de 2012.
A la fecha, los implicados en estas irregularidades continúan desempeñándose en Datacom, manteniendo acceso a las herramientas y recursos de Entel sin que se haya iniciado un proceso disciplinario interno, lo que pone en riesgo los derechos de los usuarios y la integridad del sistema de telecomunicaciones
