El abogado Guery Pereira Terrazas, quien en el pasado defendió al actual vicepresidente Edmand Lara, reveló una compleja trama de torturas, presiones y manipulación judicial en contra del ministro de Justicia, Freddy Vidovic Falch, relacionada con el caso del empresario peruano Martín Belaunde Lossio y la reciente sentencia emitida contra la autoridad. Por su parte, el exfiscal anticorrupción Anghelo Saravia, responsable de la investigación inicial, aportó detalles sobre supuestas irregularidades que involucran a exfuncionarios del Órgano Judicial y del gobierno anterior.
Desde Santa Cruz, Pereira denunció la participación de agentes policiales, entre ellos un exfuncionario conocido como “Tamala, el torturador”, quien habría coaccionado a Vidovic para que firmara documentos en blanco bajo amenazas. Estas hojas, a partir de las cuales se habría construido una declaración, un juicio y una sentencia, son consideradas por el abogado como una fabricación jurídica sin ninguna validez. Según Pereira, este grupo policial operó bajo la protección de autoridades del gobierno anterior y manipuló varios procesos judiciales. En ese contexto, señaló la colaboración del entonces fiscal general Ramiro Guerrero para armar el caso en cuestión. El abogado enfatizó la necesidad de localizar a “Tamala” para esclarecer su rol en la supuesta fabricación de pruebas.
Pereira también recordó que el expresidente Evo Morales atribuyó en su momento la fuga de Belaunde a la incompetencia policial, sin involucrar a Vidovic. Asimismo, mencionó declaraciones del exministro de Gobierno Carlos Romero, quien responsabilizó a la administración previa de Hugo Moldiz, destituido tras la evasión del empresario en 2015.
El abogado anunció su intención de solicitar una revisión exhaustiva del proceso judicial, exigiendo acceso a toda la documentación, incluyendo el expediente completo, la imputación formal y las declaraciones informativas, ya que, según afirmó, no existe evidencia de que se haya llevado a cabo un juicio conforme a la ley.
Además, Pereira relató que durante su defensa de Edmand Lara sufrió hostigamientos y ataques, incluyendo daños a su vehículo y agresiones físicas por parte de policías, lo que atribuye a las prácticas del gobierno anterior. Señaló que actualmente se están utilizando las mismas tácticas para perjudicar la reputación de Vidovic, a quien describió como un profesional íntegro.
En cuanto a las acusaciones, el exfiscal Saravia señaló que durante la investigación se detectaron irregularidades orientadas a proteger a funcionarios y autoridades vinculadas al gobierno de ese período. Indicó que tanto Belaunde como Juliano Arista, alias “el Curaca Blanco”, declararon haber entregado grandes sumas de dinero a cambio de promesas de refugio político. Según Saravia, Belaunde denunció que el entonces ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, y el magistrado Pastor Mamani le exigieron dinero con la promesa de brindarle ayuda, pero que esta declaración fue posteriormente alterada bajo presión.
Saravia también acusó al exfiscal departamental de La Paz, Paul Franco, hoy expresidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, de ordenar la modificación de las declaraciones para evitar la implicación de funcionarios gubernamentales. Además, responsabilizó al exfiscal general Ramiro Guerrero de direccionar el proceso para proteger a altos funcionarios y de la destrucción de una declaración clave que involucraba a exministros y personal de la Comisión Nacional del Refugiado.
En respuesta a las controversias, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, informó que se ha ordenado una revisión en todos los tribunales departamentales para verificar si el ministro Vidovic posee procesos judiciales o antecedentes penales. Se emitió un instructivo para que en un plazo de 24 horas se remita un informe detallado, el cual será difundido públicamente en caso de existir una sentencia condenatoria firme. Saucedo subrayó que, si bien una persona con sentencia ejecutoriada no puede ocupar cargos públicos, también se respeta la independencia de los órganos del Estado y la prerrogativa presidencial para designar ministros.
El caso de Martín Belaunde Lossio, empresario peruano y exasesor del expresidente Ollanta Humala, se remonta a 2015, cuando fue detenido en Bolivia tras solicitar refugio político. Su fuga temporal y posterior recaptura en el departamento del Beni generaron una crisis diplomática entre Bolivia y Perú, y surgieron versiones contradictorias sobre las responsabilidades en su evasión.
Hasta el momento, las exautoridades mencionadas en las denuncias no han emitido respuesta alguna
