La gobernación enfrenta serias dificultades financieras para cumplir con el pago del Prosol destinado a los campesinos. Aunque el presupuesto anual contemplaba 32 millones de bolivianos, hasta la fecha solo se han entregado 7 millones, y se evalúa la posibilidad de liberar otros 7 millones antes de que finalice el año.
Los sectores campesinos mantienen la esperanza de que se pueda cumplir con el monto total asignado y han convocado a una reunión ampliada para el 21 de noviembre, en la que no descartan tomar medidas de presión en caso de no recibir una respuesta favorable.
El gobernador Oscar Montes Barzón confirmó que la gobernación carece de liquidez para cumplir con estos compromisos, debido a procesos legales que exigen el pago de 18 millones de bolivianos en un plazo de tres días. Además, explicó que aunque teóricamente reciben 20 millones de bolivianos mensuales, solo disponen de la mitad, ya que el resto se destina a cubrir deudas. De los recursos disponibles, aproximadamente 6 millones se destinan al pago de salarios, dejando un margen muy reducido para otros gastos.
Montes hizo un llamado a la comprensión de los campesinos, señalando que la gobernación cuenta con un presupuesto efectivo de 140 millones de bolivianos, pero que otras instituciones como la alcaldía y la universidad estatal manejan recursos significativamente mayores. Además, recordó que desde su gestión ha solicitado una adecuación legislativa para mejorar la situación financiera, pero la Asamblea Legislativa se ha negado a realizar estos cambios.
Asimismo, el gobernador señaló que recientemente recibió una solicitud de medio millón de bolivianos por parte del presidente de la Asamblea, lo que resulta insostenible dada la falta de fondos. Subrayó que ni el gobierno nacional, ni los municipios, ni la cooperación externa han aportado recursos para el Prosol, siendo la gobernación la única entidad que ha financiado este programa, aunque actualmente está imposibilitada para continuar con este apoyo.
El gobernador también destacó que la implementación de 90 leyes requeriría una inversión de 460 millones de bolivianos, cifra que no es viable debido a la falta de recursos económicos, situación que se mantiene sin cambios desde el inicio de su administración.
En respuesta a las críticas de algunos dirigentes campesinos que exigen mayor gestión para obtener recursos, Montes recordó que muchos de ellos formaron parte del gobierno nacional y tuvieron participación en la administración pública. Por lo tanto, considera que ellos también debieron haber impulsado acciones para fortalecer el Prosol o buscar nuevas fuentes de financiamiento, y calificó como poco serio que ahora soliciten a la gobernación que realice estas gestiones cuando ellos mismos tuvieron responsabilidades en el pasado
