Durante una reciente reunión judicial que congregó a las principales autoridades nacionales, se abordaron diversos temas relacionados con el fortalecimiento del Órgano Judicial. En este encuentro, uno de los puntos destacados fue la propuesta de mejorar la interoperabilidad de los sistemas tecnológicos que utilizan las distintas instancias judiciales, con el fin de optimizar la transparencia y eficiencia en los procesos legales.
El Fiscal General del Estado enfatizó la importancia de contar con un ecosistema digital robusto que permita a los ciudadanos y actores involucrados en los procesos judiciales acceder en tiempo real a la información mediante dispositivos como celulares, tablets o computadoras. Para ello, mencionó la implementación del sistema ‘Roma’ y la certificación obtenida por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (Ibnorca), herramientas que facilitan el seguimiento y control de los casos judiciales.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia señaló que actualmente existen alrededor de 50 sistemas independientes en las diferentes instancias judiciales, lo que genera dispersión y dificulta la gestión unificada. La propuesta es consolidar estos sistemas en una plataforma única, aunque reconoció que este proceso requiere una inversión económica significativa.
En contraste, la sugerencia de modificar el mecanismo de selección de los magistrados judiciales, que contemplaba elegir a los mejores candidatos a través del Congreso Nacional basándose en ternas presentadas por instituciones especializadas, no fue incluida en los acuerdos finales. Esta propuesta buscaba evitar la politización y el uso electoral del voto popular en la designación de jueces, asegurando así un proceso más transparente y profesional.
Finalmente, las once tareas aprobadas en las mesas de trabajo se implementarán de manera progresiva, siendo la reforma constitucional el último paso a considerar, el cual dependerá de la apertura de un proceso formal de modificación de la Carta Magna. Este conjunto de acciones refleja un compromiso por avanzar hacia un sistema judicial más eficiente, transparente y tecnológicamente integrado
