El gobierno ha puesto en marcha una serie de modificaciones institucionales como parte de una reingeniería ordenada por el presidente Rodrigo Paz Pereira. Entre los principales cambios destaca el traslado de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), que hasta ahora dependía del Ministerio de la Presidencia, al Ministerio de Obras Públicas.
El viceministro de Coordinación de Gestión Pública, Julio Linares, explicó que esta decisión responde a la necesidad de revisar el estado actual de la UPRE, entidad responsable de ejecutar el programa “Bolivia cambia, Evo cumple”, que abarca diversos proyectos en sectores como salud, educación, producción y desarrollo local. Desde Obras Públicas se llevará a cabo una auditoría exhaustiva para evaluar la situación financiera, el nivel de endeudamiento y el avance de los proyectos pendientes. Según los resultados obtenidos, se determinará si la unidad continúa operando o si se procede a su disolución.
Creada en 2007 mediante el Decreto Supremo Nº 29091 durante la administración de Evo Morales, la UPRE ha funcionado durante 18 años bajo la supervisión del Ministerio de la Presidencia. Su gestión ha incluido la realización de obras como construcción de canchas deportivas, sistemas de riego, servicios de alcantarillado y pavimentación de calles, muchas de las cuales fueron inauguradas por expresidentes del país.
Por otro lado, el Instituto de Reforma Agraria (INRA), que hasta ahora funcionaba como una entidad descentralizada, será incorporado al Ministerio de la Presidencia. Esta medida fue confirmada por el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, quien señaló que el objetivo es agilizar y transparentar los procesos de saneamiento de tierras. El traslado del INRA busca fortalecer la gestión y mejorar la supervisión en este ámbito.
Respecto a otros programas similares a la UPRE, se contempla su posible eliminación tras la realización de auditorías que permitan evaluar su viabilidad. Una de las preocupaciones del actual gobierno es que varios de estos programas manejaron recursos significativos mediante contrataciones directas sin la debida supervisión estatal, lo cual ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y el control en el uso de los fondos públicos
