El Viceministerio de Autonomía ha establecido como prioridad avanzar en la propuesta de redistribución de recursos conocida como 50/50, mientras que el Senado prepara una convocatoria dirigida a actores nacionales, departamentales, municipales y regionales para analizar y debatir esta iniciativa.
En el ámbito legislativo, la Comisión de Autonomías y Organización Territorial de la Cámara de Senadores está trabajando activamente en este proyecto que busca equilibrar la distribución de recursos entre el nivel central del Estado y los gobiernos subnacionales. El senador César Mentasti, representante de Tarija, señaló que se está coordinando con el Ejecutivo para consolidar esta propuesta en beneficio de los departamentos, con el objetivo de que las regiones cuenten con los recursos necesarios para su desarrollo autónomo, evitando depender de asignaciones discrecionales del Gobierno central.
Mentasti explicó que la meta es implementar esta redistribución a partir de 2027, después de un proceso de diálogo y concertación con todos los actores involucrados. Actualmente, el Gobierno central concentra aproximadamente el 88% de los recursos, una situación que se busca modificar para que las regiones tengan mayor control sobre la asignación y ejecución de obras y proyectos.
Desde el Ejecutivo, la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, reafirmó el compromiso de materializar la propuesta del 50/50, enfatizando que no se trata de una promesa electoral, sino de una visión renovada para fortalecer la autonomía regional. Destacó que esta iniciativa incluye una revisión integral de las competencias entre los niveles de gobierno, con un equipo técnico especializado que también considerará la autonomía indígena en desarrollo.
Barrientos resaltó que la propuesta forma parte de un conjunto de lineamientos del presidente Rodrigo Paz orientados a una nueva estructura estatal, que incluye la consolidación de la autonomía, la promoción del capitalismo inclusivo y la lucha contra la burocracia y la corrupción. La viceministra reconoció que el Estado enfrenta una situación crítica, pero aseguró que se están impulsando medidas para hacerlo más eficiente y transparente.
No obstante, algunos actores regionales, como el gobernador Oscar Montes, han expresado reservas sobre la implementación inmediata del 50/50. Montes advirtió que el contexto actual presenta un déficit fiscal y que la redistribución de recursos podría generar tensiones si no se acompaña de una estabilización financiera del Estado. Subrayó que entregar mayores recursos a los gobiernos subnacionales sin asegurar el financiamiento de sus obligaciones, como el pago de planillas, podría derivar en conflictos sociales y administrativos.
En el ámbito académico y técnico, el especialista en derecho autonómico Esteban Ortuño consideró que la propuesta es una iniciativa valiosa para superar el centralismo económico vigente durante las últimas dos décadas. Sin embargo, resaltó que su implementación no será sencilla, ya que requiere reformas legislativas que demandan una mayoría parlamentaria. Ortuño sugirió que, mientras se avanza en la redistribución formal, se pueden explorar mecanismos alternativos, como la autonomización impositiva, que permitan a los gobiernos subnacionales generar y administrar sus propios recursos.
El experto enfatizó que la verdadera autonomía depende de la capacidad de los gobiernos locales para manejar sus finanzas y promover el desarrollo económico en sus territorios, reduciendo la dependencia de la redistribución centralizada. En este sentido, la propuesta del 50/50 podría representar un paso importante para fortalecer la gestión pública y la autonomía financiera de los departamentos y municipios
