Un ciudadano brasileño, identificado como miembro activo del grupo criminal Comando Vermelho y vinculado a un homicidio en Bolivia, fue trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en La Paz, tras admitir que enfrenta nueve procesos judiciales por asesinatos en su país natal.
Se trata de Jangledson de Oliveira, de 37 años, quien está siendo investigado por el secuestro y asesinato de Jerry Willy Pedraza, un caso ocurrido el 22 de octubre de 2018 en Montero Hoyos, Santa Cruz. Tras su detención en Guayaramerín, fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad primero a Santa Cruz y posteriormente a La Paz, debido al peligro que representa su permanencia en cárceles comunes.
Durante la audiencia cautelar realizada en el Palacio de Justicia, Oliveira reconoció ante la autoridad judicial que posee nueve procesos penales pendientes en Brasil. Su vinculación con el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Sudamérica involucrada en actividades como narcotráfico, sicariato, secuestros y extorsiones, fue confirmada por el abogado de la familia de la víctima.
El letrado Denver Pedraza solicitó el traslado inmediato del detenido a Brasil, argumentando que Oliveira constituye un riesgo significativo incluso dentro del penal de alta seguridad. Las investigaciones revelan que el acusado ingresó a Bolivia utilizando documentos falsificados y posteriormente obtuvo documentación legal con identidades adulteradas.
El caso de Jerry Willy Pedraza, de 24 años, involucra un secuestro perpetrado por una banda compuesta por ciudadanos brasileños y bolivianos. La víctima fue engañada por una mujer brasileña y llevada a una propiedad en Montero Hoyos, donde fue sometida a torturas antes de ser asesinada. Su cuerpo fue hallado enterrado en posición vertical, maniatado y con trece heridas de bala, dos de ellas en la cabeza. La Policía indicó que el crimen ocurrió el mismo día en que los captores difundieron un video exigiendo un rescate de 80.000 dólares estadounidenses.
Las autoridades también señalaron que el asesinato estaría vinculado a una deuda relacionada con narcotráfico que un familiar de la víctima tenía con miembros del grupo brasileño. A pesar de que la familia pagó por la liberación, los secuestradores ejecutaron a Pedraza y lo enterraron en una fosa común
