Los prestatarios expresan un profundo descontento y se sienten traicionados, denunciando que el actual gobierno incumplió sus promesas de apoyo realizadas durante la campaña electoral, y ahora parece favorecer a los intereses bancarios. Ante la paralización de la Ley de Diferimiento de Créditos, la dirigencia nacional de prestatarios ha advertido sobre la posibilidad de iniciar movilizaciones en contra del Ejecutivo si la situación no se resuelve pronto.
La Asociación de Prestatarios de Buena Fe de Tarija ha manifestado su respaldo a esta postura nacional, lamentando que el gobierno haya adoptado una posición que privilegia a los empresarios y a la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban). En los próximos días, planean solicitar una reunión con el vicepresidente Edmand Lara para exponer su situación y buscar una mediación que permita avanzar en la implementación de la ley.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que el gobierno esperará la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre el recurso cautelar presentado por varias entidades financieras contra la Ley 1670 de Diferimiento de Créditos, promulgada en la administración anterior. Espinoza confirmó que ya fueron notificados oficialmente y que se comunicará a la población el estado final de la normativa. Sin embargo, subrayó que la ley no siguió el procedimiento regular durante su aprobación, por lo que el Ministerio de Economía se ajustará estrictamente a las disposiciones judiciales y a los procesos establecidos para evaluar las posibles irregularidades.
En este contexto, dirigentes de micro y pequeñas empresas de La Paz y El Alto, junto a representantes de prestatarios, han amenazado con movilizaciones si la ley continúa sin aplicarse. Jaime Velázquez, presidente de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa de La Paz, criticó la presentación del recurso judicial por parte de los bancos y cuestionó al gobierno por no defender a los sectores afectados por la crisis económica. Velázquez hizo un llamado al presidente Rodrigo Paz para que cumpla con su compromiso de trabajar en conjunto con las organizaciones sociales y atender sus demandas.
Por su parte, Maycol Chura, dirigente de prestatarios, advirtió que, en caso de que el TCP falle a favor de los bancos, se activarán movilizaciones a nivel nacional. Indicó que representantes de nueve departamentos ya se han reunido y que acudirán a la sede de gobierno para exigir una solución, enfatizando que los bancos buscan proteger sus inversiones sin considerar el impacto en los prestatarios, quienes requieren un diferimiento de seis meses para aliviar su situación financiera.
Desde Tarija, Natividad Amador, presidenta de la Asociación de Prestatarios de Buena Fe, ratificó el respaldo a las acciones nacionales y expresó su preocupación por la falta de diálogo del gobierno con los sectores beneficiarios. Señaló que las declaraciones del ministro Espinoza y la ausencia de mesas técnicas generan la percepción de una discriminación, privilegiando a Asoban por encima de quienes enfrentan dificultades económicas. Amador advirtió que están dispuestos a movilizarse tanto en la sede de gobierno como en sus regiones, y lanzó un llamado a los parlamentarios locales para que respalden sus demandas.
Además, Amador denunció que durante la campaña electoral, las autoridades utilizaron a los prestatarios como plataforma para obtener apoyo político, prometiendo respaldo que ahora no se está cumpliendo. Informó que una delegación de más de cien personas partirá hacia la ciudad de La Paz para exigir respuestas y que solicitarán una reunión con el vicepresidente Lara, y posiblemente con el presidente Rodrigo Paz. En caso de no ser atendidos, no descartan iniciar movilizaciones.
Otro punto que genera inquietud es la revisión de la ley por parte de dos magistrados autoprorrogados, situación que los prestatarios consideran ilegítima y que podría afectar directamente a la población. Por ello, exigen que solo autoridades con legitimidad definan el futuro de esta normativa.
En cuanto al panorama judicial, el exdiputado Edwin Rosas lamentó que la justicia esté obstaculizando la aplicación de la Ley de Diferimiento de Créditos, señalando que esta norma cumplió con todos los procedimientos legislativos. Rosas destacó que, tras su aprobación y durante su implementación, la paralización por parte del TCP perjudica a las personas que se beneficiarían con la posibilidad de postergar pagos durante seis meses, afectando gravemente a los sectores más vulnerables.
De materializarse las movilizaciones anunciadas por los prestatarios, este conflicto representaría el primer desafío importante para el gobierno de Rodrigo Paz, poniendo en evidencia la necesidad de un diálogo efectivo para resolver las tensiones entre los sectores afectados y las instituciones financieras
