El presidente Rodrigo Paz Pereira ha anunciado la creación de múltiples comisiones de la verdad destinadas a investigar presuntas irregularidades ocurridas en diversas entidades estatales y empresas públicas descentralizadas durante casi dos décadas bajo la administración del Movimiento Al Socialismo (MAS).
En un pronunciamiento desde Santa Cruz de la Sierra, el mandatario confirmó que la primera comisión ya establecida es la de hidrocarburos, pero adelantó que se conformarán otras instancias para abordar diferentes casos de corrupción que han marcado la gestión del MAS desde 2006 hasta la actualidad.
Entre los casos emblemáticos que serán objeto de investigación se encuentran el desfalco millonario en el Fondo Indígena, con pérdidas superiores a 200 millones de dólares, y el escándalo en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), vinculado al cobro de sobornos y que incluso derivó en la muerte de un testigo protegido. Asimismo, se revisará el proyecto de explotación del litio a través de la Empresa del Litio Boliviano (YLB), que en 15 años no ha logrado consolidarse pese a una inversión superior a los mil millones de dólares provenientes de las Reservas Internacionales.
Otras instituciones bajo la lupa incluyen la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), ambas recientemente intervenidas por presuntos actos irregulares. Además, se contemplan investigaciones en Boliviana de Aviación (BOA), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), la Empresa Nacional de Electricidad Bolivia (ENDE), la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), la Empresa Siderúrgica del Mutún y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), esta última señalada por supuestamente proteger actividades mineras ilegales.
El gobierno de Paz Pereira inició una exhaustiva revisión del estado en que recibió las instituciones públicas tras la administración anterior. Tras una semana de análisis, se concluyó que el aparato estatal presenta un nivel alarmante de corrupción, con un cálculo preliminar de pérdidas que supera los 15 mil millones de dólares. El presidente calificó esta situación como una verdadera “cloaca” que afecta a todos los ministerios e instituciones estatales.
La propuesta de establecer estas comisiones ha recibido respaldo de diversos sectores políticos y sociales. Legisladores y exlegisladores han expresado su apoyo, destacando la necesidad de esclarecer y sancionar los actos de corrupción acumulados durante los años de gobierno del MAS. El exdiputado Enrique Urquidi resaltó la importancia de investigar no solo a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sino también a otras empresas estratégicas y organismos estatales, mencionando específicamente la AJAM, el INRA, BOA, Entel, ENDE, Emapa y Emagua.
Urquidi también enfatizó la urgencia de esclarecer el destino de los recursos invertidos en proyectos emblemáticos como la explotación del litio y la planta de urea y amoniaco, así como la planta de San Buenaventura, donde se habrían destinado 800 millones de dólares sin contar con la materia prima necesaria para su operación.
Con la nueva conformación de la Asamblea Legislativa, en la que el MAS no cuenta con una presencia significativa, se abre un escenario propicio para llevar a cabo una fiscalización efectiva y transparente. Legisladores de diversas bancadas han manifestado su compromiso con este proceso, destacando la importancia de revisar no solo el sector hidrocarburos, sino también otras áreas donde se han detectado irregularidades.
En cuanto a la Comisión de la Verdad de Hidrocarburos, se informó que su conformación será dada a conocer próximamente, integrando representantes de los tres poderes del Estado y de organizaciones sociales. El objetivo es garantizar una representación amplia y plural que permita un seguimiento riguroso y transparente de las investigaciones, facilitando además la difusión de la información a la ciudadanía.
El presidente Paz Pereira subrayó que esta comisión busca responder a interrogantes fundamentales sobre el destino de los recursos generados por el gas natural, que en términos figurados ascendieron a 60 mil millones de dólares, una cifra que supera cuatro veces las reservas acumuladas desde la fundación del país. El mandatario cuestionó abiertamente el paradero de estos fondos y quiénes fueron los responsables de su apropiación indebida, marcando así el inicio de una etapa de rendición de cuentas y recuperación de la confianza en las instituciones públicas
